Tal como se preveía, el Tribunal de Apelación de Timisoara (Rumanía) ha dado luz verde a la euroorden de entrega de Sergio Morate al juez de Instrucción de Cuenca, que lleva la investigación por las muertes de Marina y Laura. Sin embargo, Morate se resiste. Su abogada recurrirá ante el Tribunal Supremo de Casación y Justicia de Rumanía, que tiene la última palabra.
El juez Flavius Ionescu abrazó así la tesis de la Fiscalía de Timisoara, representada por Violeta Filip, adjunta al fiscal general de esa región.
La euroorden de detención y entrega es un mecanismo que, en 2002, sustituyó a la extradición -la cual establecía la conexión entre gobiernos para tal fin- en la Unión Europea. La euroorden permite la comunicación directa entre autoridades judiciales de dos o más países.
En este caso es el titular del Juzgado de Instancia e Instrucción número 2 de Cuenca, Alfredo Elías, el que ha solicitado al juez Ionescu la entrega de Sergio Morate.
El juez rumano ha decretado la entrega a las autoridades policiales españolas de todos los bienes personales que Morate tiene en Rumanía: el coche, la ropa, el teléfono móvil y las placas de matrícula halladas en su interior.
La decisión del juez rumano no supone la entrega automática de Morate a la Policía Nacional española, que es la que tiene que encargarse de su regreso. La abogada de oficio del supuesto asesino, Claudia Candea, recurrirá en los próximos cinco días ante el Tribunal Supremo de Casación y Justicia (equivalente al Tribunal Supremo español), que decidirá en última instancia.
El proceso de euroorden establece un plaza máximo de 70 días para la entrega de Morate a España. El límite temporal para su regreso está fijado a mediados de octubre, si no lo decide antes el Tribunal Supremo de Casación y Justicia