El juez del “caso Rato”, Antonio Serrano-Artal, ha citado para declarar como testigos a los máximos responsables de Zenith Media y Publicis Comunicaciones España, las empresas de publicidad y comunicación que incrementaron su facturación con Bankia cuando Rodrigo Rato llegó a la presidencia de la entidad financiera.
Según ha podido saber Confilegal de fuentes bien informadas, el paso dado por el titular del Juzgado de Instrucción 31 de Madrid es un paso lógico para esclarecer unos hechos que mantienen en prisión provisional, desde el pasado 16 de agosto, al empresario mexicano, Alberto Portuondo Coll, por los supuestos delitos de blanqueo de capitales en el extranjero y corrupción entre particulares.
Los hechos por los que han sido citados a declarar los mencionados ejecutivos publicitarios parten del informe elaborado por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), de la Agencia Tributaria, a partir de la documentación incautada a Rato en los registros que se llevaron a cabo en su domicilio, su despacho profesional y las oficinas de Sotogrande, Cádiz.
La ONIF detectó dos pagos de Zenith y Publicis que sospecha podrían haber pasado a engrosar el patrimonio personal de Rato. Uno de ellos fue de 1.244.000 euros y otro de 778.000. Fuentes de la investigación los relacionan con comisiones pagadas a cambio del aumento de contratación con Bankia.
En el caso de Zenith, esta empresa pasó de facturar apenas 150.000 euros en 2010 a hacerlo por 24 millones en 2011 y 16, en 2012. Las cifras volvieron a bajar cuando Rato abandonó Bankia.
Portuondo es administrador único de Albisa Inversiones y Asesoramiento, S.L., empresa a través de la cual supuestamente se canalizaron las comisiones que podrían haber llegado a Rato, de acuerdo con la ONIF.
El tratamiento que, precisamente, está recibiendo el empresario Portuondo ha sorprendido a diferentes expertos jurídicos consultados por Confilegal porque, en este caso, se está haciendo un uso “excesivamente restrictivo de la prisión provisional”.
“Los delitos se cometieron hace tres años. Uno de ellos, el de corrupción entre particulares, es la primera vez que se persigue en España. No es normal el grado de dureza que se está empleando con el empresario”, explicaron estos expertos.
Las razones por las que el juez Serrano-Artal ha decidido mantener en prisión a Portuondo son las de evitar su huida y la destrucción de pruebas, supuestos previstos en la Ley.
“No se explica tampoco”, manifestaron las mismas fuentes, “que si a Portuondo lo meten en la cárcel a los ejecutivos de las empresas de publicidad y comunicación los citen sólo como testigos. Lo que ocurra estará en función de lo que declaren ante su señoría. Si el juez aprecia, por sus palabras, indicios incriminatorios, parará el interrogatorio y volverá a citarlos, de nuevo, pero como imputados, con advertencia de que deben asistir con abogados”.
Confilegal se puso ayer en contacto con ambas empresas, a fin de saber las identidades de los ejecutivos citados y la fecha para su comparecencia.Ambas compañías negaron que, a día de hoy, les hubiera llegado notificación alguna para tal fin.