Como ya anunció esta semana el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el Consejo de Ministros ha aprobado el indulto a Josefa Hernández, la abuela de Fuerteventura que tuvo que ingresar en prisión por construir su casa en un espacio protegido de la isla.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha precisado en rueda de prensa que se trata de un indulto «parcial» que sólo afecta a la pena privativa de libertad, pero, ha añadido, la casa tendrá que derribarse porque «el Gobierno tiene que cumplir la legislación».
«Lo que se ha reclamado al Gobierno de Canarias, también por el presidente del Gobierno, es que dado que esa parte no es indultable porque hay una legislación que cumplir, que el Gobierno de Canarias ponga a disposición de esta persona una vivienda adecuada que permita dar cumplimento a la otra parte de la sentencia, que no es susceptible de ese indulto», como es el derribo de la construcción ilegal ha explicado.
Sáenz de Santamaría ha mostrado el deseo del Ejecutivo de que pueda darse un solución adecuada a la «difícil situación familiar» a la que se enfrenta la anciana.
Josefa Hernández, conocida como «la abuela de Fuerteventura», abandonó ayer la prisión de Tahíche (Lanzarote), después de que la Audiencia de Las Palmas revocara el auto de la juez del Juzgado de lo Penal Número 2 de Puerto del Rosario que ordenaba su ingreso en la cárcel por negarse a derribar la ampliación de su vivienda construida en un paraje protegido. Josefa, que tiene una hija con discapacidad y tres nietos a su cargo fue condenada el 30 de marzo de 2012 a seis meses de cárcel, 720 euros de multa y el derribo de su vivienda por un delito contra la ordenación del territorio.