LOS JUECES analizan para Confilegal el nuevo CURSO JUDICIAL

LOS JUECES analizan para Confilegal el nuevo CURSO JUDICIAL

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02/9/2015 00:00
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Actualizado: 02/9/2015 00:00
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Las cuatro asociaciones judiciales analizan para Confilegal el nuevo curso judicial marcado principalmente por la falta de inversión en Justicia, (lejos del aclamado 3 por ciento), la carencia medios, la arcaica estructura orgánica de la Administración de Justicia y el cúmulo de nuevas leyes de reciente creación y su próxima implementación.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia (JpD), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) repasan los grandes retos de la judicatura en el inicio del nuevo curso judicial. Un inicio marcado por la corrupción, el final de una legislatura y numerosas modificaciones legislativas. A esto hay que unir la implantación del «papel cero» en la Administración de Judicial a partir del 1 de enero de 2016. Sus portavoces responden a Confilegal: 

PREGUNTAS:

1. ¿Cuáles son los grandes retos para los jueces en este nuevo curso judicial?

2. ¿Cómo repercutirán las nuevas leyes en la judicatura?

3. ¿Creen, de verdad, que éste será el año de la Justicia? 

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«LA REFORMA DE LA LECRIM APORTARÁ UNA MEJOR PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS INCULPADOS»

Pablo Llarena, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM)

1. Si entendemos que un reto es lo que debemos tratar de superar por nosotros mismos, creo que hay dos cuestiones en las que los jueces debemos concentrarnos. De un lado, reforzar nuestra vocación por profundizar cada problema concreto que se somete a nuestra decisión. Debemos eludir las respuestas semi-automatizadas que impone tener que hacer frente a una elevada litigiosidad. De otro lado, todos los jueces deberíamos percibir el valor de la seguridad jurídica en una sociedad democrática. Aceptar el mandato de la ley supone que el juez se somete a la voluntad general, mientras que las respuestas personales imaginativas, no sólo entrañan que un ciudadano no puede prever nada en función de las consecuencias de sus actos, sino también que el juez impone a la sociedad su particular visión de las cosas.

2. Más allá del retraso en la edad de jubilación y la sustancial mejora de nuestros derechos pasivos, destaco -desde el ejercicio jurisdiccional diario- la reforma del Código Penal, que indudablemente supondrá una mayor dificultad por la aplicación del derecho transitorio, tanto revisando sentencias, como enjuiciando los hechos ya cometidos. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aportará una mejor protección de los derechos de los inculpados, pero se va a reflejar también en un esfuerzo de las oficinas por incorporar los derechos procesales y asistenciales a las víctimas y por los plazos de investigación de los delitos. Estos terminarán por generar dinámicas más ágiles en la llevanza de los procedimientos, pero despertarán en algunos una cierta sensación de apremio.

3. No lo ha sido ninguno de los que ha habido en las diez legislaturas democráticas anteriores y supongo que es difícil que éste lo vaya a ser en el principio de este año, precisamente por lo avanzado de la legislatura. Esperamos que el comienzo de la legislatura propicie una reflexión serena y consensuada de las estructuras de la justicia, para modernizar lo que no admite demora. En todo caso, si esa reflexión llegara a producirse, la envergadura de la reforma nos obliga a asumir que su ejecución llevará años. De cualquier modo, tampoco creo que el ejercicio vaya a ser tan adverso como los años pasados, particularmente el año 2010 con nuestra desproporcional disminución retributiva. La situación económica ha mejorado y la convicción de la necesidad de reformar entre todos la justicia, también.

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«NO SERÁ EL AÑO DE LA JUSTICIA. NO SE HAN PUESTO LAS BASES NECESARIAS PARA ELLO»

Joaquím Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia (JpD)

1. Los grandes retos se centran en poder seguir impartiendo una justicia lo mejor posible para la ciudadanía con los medios insuficientes de los que disponemos y con una sobrecarga estructural que nuestros gobernantes siguen sin resolver. Además, hay reformas legales recién aprobadas o a punto de finalizar su tramitación que van a suponer nuevas dificultades para los órganos judiciales en su periodo inicial de entrada en vigor. Seguimos sin disponer de una nueva oficina judicial. Y las anunciadas promesas de modernización de los recursos judiciales siguen sin ponerse en práctica.

2. La entrada en vigor de la amplia reforma del Código Penal ya está provocando numerosos problemas interpretativos, a causa de sus deficiencias técnicas y de la imprevisión de muchas dificultades de aplicación. Más preocupante aún puede ser la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que pretende obligar a finalizar la instrucción en 6 o 18 meses, según los casos. Esto será manifiestamente imposible en numerosos procedimientos con la carga de trabajo actual y sin aportar más recursos, y el Gobierno lo sabe perfectamente. Por otro lado, tenemos numerosas reformas parciales de otras leyes a la vista, que obligarán a introducir criterios interpretativos.

La etapa de Gallardón se caracterizó por la falta de interés del ministro en entender los problemas reales de la administración de justicia, al estar más centrado en su propia proyección personal. Puso las bases para que esta haya sido una legislatura perdida en materia de Justicia. El ministro Catalá sí que ha mostrado interés en entender la problemática judicial y ha actuado con un estilo más dialogante. Pero debería haberse centrado, en el poco tiempo que tenía, en mejorar con rigor algunas cuestiones determinadas. Sin embargo, con la finalidad de justificar que se ha hecho algo en esta etapa, ha optado por numerosas reformas parciales, de carácter mayoritariamente innecesario, sin un estudio adecuado, que no van a suponer avances sustanciales en la situación de justicia. Algunas de ellas son especialmente criticables.

3. No será el año de la Justicia. No se han puesto las bases necesarias para ello, después de una etapa de importantes recortes y actuaciones muy negativas. Además, la propia convocatoria electoral supone un corte en la actuación de cualquier Gobierno, que imposibilita una planificación del esfuerzo institucional. La única posibilidad de transformaciones relevantes consistía en que las principales fuerzas políticas hubieran alcanzado un Pacto de Estado por la Justicia, con la finalidad de garantizar cambios a medio y a largo plazo, con independencia del partido que estuviera en el poder. Pero el Gobierno no ha tenido voluntad de impulsar este acuerdo amplio.

Por tanto, tendremos que esperar a la próxima legislatura para analizar las distintas propuestas y comprobar si se pueden producir cambios. Lo cierto es que la Justicia sigue siendo la asignatura pendiente de nuestra democracia y que los partidos políticos mayoritarios no han mostrado hasta ahora su voluntad real de efectuar las transformaciones necesarias que necesita nuestro sistema judicial.

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«RESULTA MUY DIFÍCIL SER OPTIMISTA EN LA ACTUAL SITUACIÓN POLÍTICA»

Marcelino Sexmero, portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV)

1. Como hace 30 años y desde los inicios de la democracia, los jueces y el poder judicial en general aborda los mismos retos:

a) Superar las estructura órganica judicial decimonónica objetivamente ineficaz para el afianzamiento de un Estado de Derecho.

b) Superar los sistemas de gestión procesal arcaicos que no permiten un adecuado control de los procedimientos, lo que requiere la plena incorporación a los Juzgados de las nuevas tecnologías, en particular, inmediato establecimiento de un sistema de alertas, el expediente digital, información compartida entre los tribunales, registro informático común, y mejora de la gestión procesal, intercambio de documentos, firma electrónica, transmisión telemática de procedimientos, notificaciones, peticiones de auxilio judicial,  etc.

c) Incrementar la inversión en Justicia que hasta acercarla a la media del 3%,  y una mejor dotación de medios materiales y personales, superando los actuales criterios de restricción que han causado un notable daño a la Justicia.

d) Incremento de la Planta Judicial y de las plazas de oposición a la carrera judicial y fiscal para lograr una carga de trabajo adecuada

2. La proliferación de las últimas reformas legales, sin el consenso adecuado entre los sectores afectados, además de adolecer de sorprendentes errores técnicos y de criterios políticos discutibles, ha supuesto en primer lugar una merma en las garantías de independencia del Poder Judicial con la reforma en la elección de los vocales del CGPJ y del propio órgano, que debe revocarse lo más pronto posible fomentándose un pacto necesario que deje de lado los intereses políticos.

En el mismo sentido la reforma de la LECRIM en cuanto al límite en el tiempo para la instrucción de las causas cuya aplicación puede mermar la tutela judicial efectiva y la independencia de los jueces.

3. Resulta muy difícil ser optimista en la actual situación política, no observándose en las distintas formaciones políticas atención alguna a los verdaderos problemas de la Justicia, fuera de las soluciones interesadas provocadas por determinadas situaciones colaterales en el ámbito de la corrupción política.

No obstante comienza un año judicial en el que la respuesta de los jueces y tribunales ante los casos de corrupción política puede marcar un cambio significativo en la valoración ciudadana de la justicia y estoy seguro que los jueces vamos a estar a la altura que nuestra función nos encomienda.

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«ESPEREMOS QUE NO SEA OTRA LEGISLATURA PERDIDA COMO LA QUE AHORA TERMINA»

Conrado Gallardo, portavoz del Foro Judicial Independiente (FJI)

1. Los retos son los mismos por los que venimos luchando una década. Convencer a los ciudadanos y a los políticos de que sin un Poder Judicial independiente y eficaz no hay democracia verdadera. Ello se traduce, por citar los aspectos más importantes, en la necesidad de más Jueces, un Consejo General del Poder Judicial elegido conforme a la Constitución y con más competencias y una reforma en profundidad de la actual estructura judicial que la modernice y adecue a las necesidades de la sociedad. En el curso del año judicial comenzará una nueva legislatura. Esperemos que no sea otra legislatura perdida como la que ahora termina y que en ella se comience por fin a construir una justicia independiente y eficaz.

2. Las nuevas leyes aprobadas al final de la legislatura, deprisa y corriendo, con un notable grado de improvisación, no aportan nada sustancialmente nuevo. Si acaso más trabajo para los Juzgados que no viene acompañado de nuevas dotaciones presupuestarias para aportar los jueces y medios necesarios. Conseguir una justicia realmente eficaz no depende de leyes, depende de que se invierta el dinero necesario, de que se de a la Justicia la prioridad presupuestaria que precisa y que ahora no tiene. Y desde luego que ese dinero se invierta bien, lo que requiere pensar y crear un modelo judicial nuevo que aproveche eficazmente los recursos que se pongan a su disposición.

3. Ya me gustaría que este fuera el año de la Justicia. Pero aunque si es cierto que poco a poco va calando en la opinión pública y en algunos partidos minoritarios que hay que solucionar la caótica situación de la Justicia en España porque está afectando a la calidad de nuestra democracia, lo cierto es que, en general, sigue siendo una preocupación menor de la clase política que por otra parte no tiene ideas claras ni de los problemas ni menos aún de las soluciones.

Todo dependerá de quien sea el nuevo Ministro de Justicia. Pero vistos los designados en los últimos años es poco probable que se nombre a alguien con conocimiento en profundidad de los problemas y que tenga idea de como resolverlos y competencia para hacerlo e influencia para conseguir el dinero preciso. Son muchos requisitos. De momento los indicios son poco esperanzadores. Se vuelven a convocar pocas plazas en la próxima oposición y se sigue sin convocar a la comisión de la Ley de Retribuciones, que lleva dos años de retraso.

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