Manos Limpias, que ha solicitado ejercer como acusación popular en la investigación de las presuntas comisiones que la constructora Teyco pagó a la fundación Catdem de CDC, pide al juez que investigue también contratos de esta empresa con ayuntamientos gobernados por el PSC y ERC.
Manos Limpias pide al juez que «en base a la documentación aportada, se deberían practicar diligencias respecto a las contabilidades de las formaciones políticas de ERC y PSC en los periodos comprendidos en las diligencias que se están practicando, respecto a CDC».
En un escrito presentado al juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona), el sindicato aporta una relación de contratos de la empresa Teyco, propiedad de la familia Sumarroca, vinculada a CDC, con ayuntamientos que estaban gobernados por CDC, PSC, ERC y otras formaciones independientes. Y pide al Juzgado, que se investigue si ha podido haber la mordida del 3% también a ERC y al PSC.
En su informe, de 19 páginas, Manos Limpias relaciona adjudicaciones de la administración catalana con la empresa Teyco desde 1998 hasta agosto de 2015.
En total, figuran 235 contratos por un importe que suma en total más de 187 millones de euros, de los que 140,6 corresponden a contratos con la Generalitat y 46,5, con administraciones locales, la mayoría gobernadas por CDC, pero también de ERC y PSC.
En su informe, Manos Limpias desgrana que 90,3 millones de los 140,6 facturados por Teyco a las administraciones catalanas fueron con gobiernos de CDC y 50,3 corresponden al gobierno tripartito de la Generalitat, «que se reparten principalmente entre responsables políticos de ERC y PSC».
Manos Limpias incluye 21 contratos de Teyco con ayuntamientos gobernados por CDC, otros 21 con municipios del PSC, 9 de ERC, uno de IPC-V, uno de Agrupació Units per Altafulla, uno de un municipio gobernado por independientes, uno de CentXCent Pineda y otro de Unidad por Salou.
El sindicato hace constar que el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña «sólo ofrece información a través del buscador desde junio de 1998 en adelante, lo que significa que nos falta controlar las adjudicaciones anteriores a esta fecha, que sin duda no serán pocas».
En su informe, el sindicato también hace constar que la limitación en el tiempo del buscador del DOGC «sólo afecta a las adjudicaciones y no a las diferentes disposiciones que publica el diario», por lo que acusa: «todo apunta a boicot premeditado con objeto de que no haya transparencia en las adjudicaciones».