Los representantes de Jueces para la Democracia (JpD), no asisten a la Apertura del Año Judicial para mostrar su desacuerdo «con la grave situación de la administración de justicia», y ante lo que consideran «la peor legislatura en toda la historia de nuestra democracia en el ámbito de la Justicia».
El portavoz de JpD, Joaquim Bosch, ha señalado que es necesario explicar a la sociedad «la creciente degradación» que sufren los juzgados y tribunales españoles por «la falta de inversión en Justicia», en una situación marcada por «la insuficiencia de medios materiales y personales».
Y ha asegurado que «Nuestros órganos judiciales están desbordados: cerca de la mitad trabajan por encima del 150% de las previsiones institucionales y muchos de ellos se encuentran por encima del 200%, sin que se fije una carga máxima de trabajo. A pesar de esta preocupante situación, solo se han creado cuatro juzgados en toda la legislatura».
A su entender, la actuación del ministro, Rafael Catalá, se limita a «continuas promesas de informatización y de supresión del papel que se produciría en un tiempo futuro, precisamente cuando ya habrá acabado la legislatura», sin que esos proyectos no se han puesto en marcha «durante estos cuatro años de mayoría absoluta».
«El ministro Catalá sigue asegurando que la Justicia funciona espléndidamente porque vive en su propia realidad paralela y se niega a aceptar lo que piensan todos los operadores jurídicos y los distintos sectores de la Administración de Justicia», asegura Bosch.
INSTRUMENTALIZACIÓN POLÍTICA DEL CGPJ
Por otro lado, se han cumplido todos los pronósticos de instrumentalización política del máximo órgano de gobierno de la judicatura. «El Consejo General del Poder Judicial ha actuado con una mayoría afín a los intereses del Gobierno y ha sido incapaz de denunciar la creciente degradación de nuestra administración de justicia».
Al contrario, el órgano constitucional garante de la separación de poderes se ha distinguido, según el portavoz de JpD, por realizar «informes de complacencia con el poder político» y no ha apoyado la independencia judicial en situaciones en las que su intervención era «necesaria».
Para JpD, «se trata de una legislatura perdida, en la que la ciudadanía ha visto empeorar la situación del sistema judicial. No se ha producido ninguna mejora significativa que haya redundado en beneficio del servicio público que se presta a la sociedad, ni tampoco en la situación de nuestros órganos judiciales. Tampoco se ha sabido aprovechar la mayoría parlamentaria para buscar un Pacto de Estado con vocación de futuro. Probablemente esta ha sido la peor legislatura en toda la historia de nuestra democracia en el ámbito de la Justicia»
Por ello, su portavoz insiste en hacer «un llamamiento a los poderes públicos y a las fuerzas políticas para que se sensibilicen sobre la importancia de nuestros juzgados y tribunales para un adecuado funcionamiento de nuestro Estado de Derecho».