Tres de las cuatro asociaciones de jueces –la Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente- han plantado al Ministerio de Justicia porque se sienten utilizadas. Entienden que el Ministerio trata de “trasladar a la sociedad una disposición al diálogo que es ficticia”, han dicho en un comunicado.
La Secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, había convocado varias reuniones con las asociaciones de jueces de forma separada para informales sobre las reformas legales en marcha.
No van a acudir.
“El ministro de Justicia, Rafael Catalá, repite invariablemente su voluntad de alcanzar acuerdos con las asociaciones judiciales, pero la realidad es que solo se nos convoca para informarnos de lo que ya está decidido, sin que en ningún momento se tengan en cuenta las aportaciones que podamos realizar”, dicen en el comunicado que suscriben las tres asociaciones.
“Las convocatorias a reuniones solo han tenido como objetivo cubrir las apariencias y simular un diálogo que no existe”, añaden.
Según éstas, el Ministerio ha ignorado repetidas veces su petición de que las reuniones se hicieran conjuntas y con un orden del día consensuado, “en forma de mesa negociadora, que incluya una valoración de nuestras reivindicaciones profesionales y de la Administración de Justicia”.
A cambio sólo son convocadas, afirman, de forma continua, a reuniones en las que les cuenta lo que ya es de dominio público.
“A continuación, el ministro intenta utilizar nuestra presencia para exhibir públicamente un supuesto talante de consenso que no se corresponde con los hechos reales. Y estas prácticas empiezan a acentuarse en periodo preelectoral. La realidad es que no existe una verdadera voluntad ministerial de realizar un trabajo común para dar soluciones a los graves problemas de nuestro sistema judicial”, dicen en el comunicado.
Según las tres asociaciones –la cuarta, la Asociación Profesional de la Magistratura no se ha sumado- los juzgados y tribunales están desbordados y tienen carencias importantísimas.
“Cerca de la mitad [de los jueces] trabajan por encima del 150% de las previsiones institucionales y muchos de ellos se encuentran por encima del 200%, sin que se fije una carga máxima de trabajo. Centenares de integrantes de las últimas promociones de la Escuela Judicial se han visto en situación de expectativa de destino, con una inaceptable situación de precariedad, sin un órgano judicial estable en el que ejercer sus funciones. Y continuamos a la cola de la Unión Europea en el número de jueces por habitante. Hay muchos edificios judiciales que no reúnen las condiciones más básicas de salubridad, y las carencias de medios personales y materiales siguen siendo muy preocupantes. Todo ello provoca perjuicios importantes a la ciudadanía y afecta al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva”, se puede leer en su texto.
Las tres asociaciones, sin embargo, dejan abierta la puerta al diálogo, pero con condiciones: “Seguimos dispuestos a colaborar en el futuro con los responsables de Justicia, siempre y cuando no se nos pretenda instrumentalizar y se produzca una rectificación de sus actuaciones”.