El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha aceptado la competencia para investigar el caso Madeja, una trama corrupta de sobornos a funcionarios a cambio de contratos públicos que acumula 96 imputados, después de que la jueza de Sevilla Mercedes Alaya se inhibiera a favor de ese tribunal.
En un auto de 108 páginas, De la Mata asume la investigación porque considera que esta red corrupta ha causado una «grave repercusión» en la seguridad del tráfico mercantil a la economía nacional al afectar a más de una comunidad autónoma y destaca que conlleva una «compleja instrucción», derivada del elevado número de personas involucradas, lo que determina, de acuerdo con la Fiscalía, la competencia de los Juzgados Centrales de Instrucción.
En la resolución se explica que los hechos que se investigan implican «la presunta existencia en la empresa Fitonovo SL de una actividad planificada dirigida a adjudicarse por medios fraudulentos contratos públicos». Unos hechos que habrían causado perjuicios a instituciones públicas de Andalucía, Extremadura, Aragón, Comunidad Valenciana, Cataluña, Canarias y Madrid, y también al Ministerio de Fomento, a los ayuntamientos de Sevilla, Algeciras (Cádiz) y La Carolina (Jaén) y a la empresa pública Adif.
El juez relata que la dirección de la empresa «creó una infraestructura, tanto operativa como contable, destinada a obtener contratos públicos irregulares» mediante «una red de funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación«, y habilitó asimismo una «caja b que se nutría de facturación falsa» para pagar sobornos a empleados públicos de todo tipo y también a políticos.
Ello produjo un daño al interés público y también a las empresas que, de manera legal, se presentaban a los concursos con Fitonovo (dedicada a servicios medioambientales) y que no resultaban adjudicatarias por «estar en franca desventaja por las prácticas corruptas de la trama».
Los hechos que se investigan, de acuerdo con el auto de inhibición del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, serían constitutivos de trece delitos, entre ellos cohecho, fraude, delito fiscal, prevaricación, malversación y tráfico de influencias.
La empresa Fitonovo para conseguir esos contratos pagó comisiones en efectivo o realizó regalos a funcionarios o autoridades, como coches, caballos, viajes, móviles, cámaras y ordenadores. En ocasiones también financió las obras de remodelación de sus casas o servicios de limpieza en sus hogares.
Según la Guardia Civil, el pago de comisiones se remonta al año 1995 y duró hasta 2013 y el importe total de las dádivas pudo ascender, a 4,3 millones de euros.
A cambio de esos sobornos, los funcionarios amañaban directamente la adjudicación a su favor, le daban información privilegiada de los contratos o de otras empresas rivales y alteraban precios en subastas públicas. También hay cargos públicos implicados de varios partidos, que recibieron supuestamente dinero en metálico, destinado en ocasiones a su formación política.