La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que divida en cinco grandes bloques la causa donde se investigan las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía.
La Fiscalía contesta así a la petición que le realizó la juez de instrucción 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños.
Bolaños, al contrario que su antecesora, la juez Mercedes Alaya, proponía la división en distintas partes relativas a los entramados empresariales, los consorcios, los sindicatos, las confederaciones y las fundaciones.
En una providencia, la magistrada dio traslado al Ministerio Público del atestado que ella misma solicitó a la Guardia Civil sobre el estado en el que se encuentran las diferentes líneas de investigación abiertas y le pidió que informara sobre la procedencia de dividir el procedimiento.
En el informe sobre el estado de las investigaciones elevado al Juzgado, la UCO explica que hay cuatro líneas de investigación abiertas, en concreto sobre la existencia de entramados empresariales beneficiados de diferentes subvenciones; la existencia de determinados fraudes en los consorcios entre administraciones; las subvenciones otorgadas a empresas y fundaciones para la realización de acciones tendentes a la recolocación de los extrabajadores de Delphi y empresas afectadas, y las subvenciones otorgadas a la antigua Faffe.
Los agentes de la UCO señalan en su informe, de fecha 29 de junio, que, en esta causa, «se investiga la supuesta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y contra la Hacienda Pública –en su modalidad de fraude de subvenciones–, supuestamente cometidos en la concesión, control y justificación de las subvenciones concedidas para la realización de acciones formativas dirigidas a Formación Profesional para el Empleo».
La Fiscalía, por su parte, propone un bloque con los entramados empresariales, como el del exconsejero Ángel Ojeda; otro con los consorcios públicos de formación de la Junta; uno más con las subvenciones a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE), de carácter público, y otro con las ayudas a los trabajadores de Delphi.
Un quinto bloque abarcaría, según la Fiscalía, a los delegados provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que fueron detenidos en marzo pasado en la denominada operación Barrado por su presunta implicación en una red de clientelismo político, como dijo la juez Mercedes Alaya, que dirigió la operación.
En esta causa, que empezó a instruir Alaya antes de que lograra la plaza en la Audiencia de Sevilla que había solicitado, hay 18 imputados, entre ellos los exconsejeros socialistas Antonio Fernández y Ángel Ojeda.
La Junta de Andalucía, que está personada en la causa, también se había mostrado favorable a la división de la causa, en la que se persiguen los posibles delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y contra la hacienda pública en su modalidad de fraude de subvenciones.