Ante la crisis humanitaria derivada de las migraciones desde países en conflicto como Siria o Afganistán que está viviendo Europa, la asociación Jueces para la Democracia (JpD) denuncia la situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y plantea algunas alternativas como un cierre progresivo o la implantación de una red de pisos tutelados.
Ahora «que las instituciones de la Unión Europea parecen reaccionar, por fin, ante la exigencia de la ciudadanía, desde Jueces para la Democracia recuerdan las condiciones en las que se encuentran algunas personas de las que permanencen los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Y ha solicitado «alternativas más respetuosas con los derechos fundamentales»,
Denuncian que las personas que se encuentran en los CIE están«privadas de libertad, sin haber cometido delito alguno, personas en situación administrativa irregular según la Ley de Extranjería, incluidas las solicitantes de asilo o protección que no han sido identificadas a su llegada». Y todo ello, tteniendo en cuenta que cuando la autoridad gubernativa decide su expulsión, si no puede llevarse a cabo en el plazo de 72 horas, solicita autorización del Juzgado de guardia para su internamiento cautelar.
Añade de que según la ley, en el CIE solo se limita su libertad ambulatoria, no los demás derechos, y se trata de establecimientos públicos de carácter no penitenciario.
«Sin embargo, la realidad es que las personas internas se ven privadas de muchos más derechos y libertades: la protección de su salud física y mental, la tutela judicial efectiva y los derechos de defensa, a la información comprensible sobre su situación, a la intimidad y a la privacidad de sus comunicaciones», advierte.
Agrega que «en los CIE se incumple el Reglamento de funcionamiento y régimen interior aprobado por el RD 162/2014 cuando se carece de servicio de orientación jurídica, servicios sociales, personal médico de la Administración, intérpretes, gestión civil del centro; y se incumplen resoluciones judiciales cuando se llama a las personas por un número, se les priva de sus teléfonos, incluso de papel y bolígrafo, o son expulsadas de modo sorpresivo.
Recuerdan tambien que en 2014, según el Ministerio del Interior, «se internó en CIE a un total de 7340 personas y se expulsó a 3483: un 47,45%». Actualmente, «se detiene sin perspectivas razonables de eficacia de la expulsión y sin información suficiente sobre sus circunstancias y las del país de origen», es decir, «incumpliendo la Circular 6/2014 de la propia Dirección General de la Policía».
PROPUESTAS
Jueces para la Democracia (JpD) ha propuesto alternativas a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) «en el convencimiento de que la ciudadanía y las instituciones pueden mejorar las condiciones de vida de estos seres humanos y la calidad del Estado social y democrático de Derecho»
Proponen iniciar «un plan para el cierre progresivo de los CIE, pues resulta desproporcionada jurídicamente esta privación de libertad ante supuestos de infracción administrativa». En estos casos resultan más ajustadas otras medidas cautelares que no supongan el internamiento y que mantengan la libertad de la persona afectada.
E insisten en que «se debería valorar la implantación de una red de pisos tutelados con las suficientes garantías de localización, con una persona asignada, con retención de pasaporte en dependencias policiales, con presentaciones periódicas, etc.» Todo ello sin someter a migrantes que ya han sufrido todo tipo de adversidades a un mayor desarraigo y a las privaciones derivadas de la reclusión en los CIE».
Y concluyen asegurando que «en los casos de inmigrantes en situación irregular que hayan cometido delitos con posibilidad de expulsión, el art. 89 del Código penal prevé el mantenimiento en prisión hasta materializarla, bajo control judicial y sin necesidad de internamiento en CIE».