La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, que impute al exministro de Trabajo Manuel Pimentel por las ayudas de la Junta a Graficromo y Taller de Libros, de cuyo consejo de administración fue presidente Pimentel.
En su escrito, la Fiscalía solicita imputar a 25 personas, entre ellas el exministro Manuel Pimentel, por el pago de 300.000 euros de la Junta de Andalucía a trabajadores de la empresa Taller de Libros. Sostiene que en la concesión de esta subvención, acordada en 2009 entre la Junta y la empresa que dirigía el exministro de Trabajo con el PP entre 1999 y 2000, «se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legal establecido», lo que podría ser causa de «nulidad de pleno derecho».
En un escrito elevado al Juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público asegura que los hechos investigados en torno a las ayudas a estas sociedades podrían ser constitutivos de delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad, tráfico de influencias y fraude.
Por ello, la Fiscalía solicita a la instructora que forme una pieza separada con los pagos realizados por la Junta en los expedientes de Graficromo –incluida la asociación de extrabajadores– y Taller de Libros e impute a un total de 25 personas, entre las cuales hay varias ya imputadas en la causa.
Así, Anticorrupción ha solicitado la imputación en esta pieza separada del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, del exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, de los exdirectores de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, o del exdirector de la agencia IDEA Jacinto Cañete.
Según la Fiscalía, los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado dijeron que la Junta de Andalucía concedió la ayuda de 300.000 euros a través de un concepto inadecuado, las transferencias de financiación, que tienen como objetivo cubrir pérdidas.
Esa ayuda iba destinada a los trabajadores, según la dirección general de Trabajo y la Seguridad Social, y para ello se aportó una cuenta corriente donde se realizarían los pagos, que luego se modificó «a petición de los trabajadores», aunque de ello no hay constancia, señala la Fiscalía citando las conclusiones de los peritos del Estado. (CONFILEGAL/EP)
Además, se concedió sin que la dirección general de Trabajo y la Seguridad Social tuviera competencia para ello y sin que quedara acreditado su carácter excepcional ni hubiera solicitud formal por parte del beneficiario, señala la Fiscalía. (EP)