La magistrada Mercedes Alaya no prevaricó en la instrucción del caso Betis. Así lo ha establecido la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) al inadmitir la querella contra la juez presentada por el exconsejero delegado del Betis Luis Oliver.
De acuerdo con el tribunal, formado por el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, y los magistrados Juan Rico-Rico y Miguel Pasquau, no existen indicios suficientes que permitan considerar la existencia de un delito continuado de prevaricación judicial en las distintas resoluciones dictadas por la magistrada cuando era titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.
La resolución señala que «el modelo de actuación procesal adoptado no era el único que podía seguirse, pero como indica el Ministerio Fiscal en su informe, ello no implica que las resoluciones adoptadas en tal sentido por la Sra. Juez, deban entenderse, cuando tales decisiones contrarían los intereses de la querellante, como resoluciones prevaricadoras», ya que no puede apreciarse prevaricación cuando el titular del órgano jurisdiccional se decanta por alguna de las opciones que ofrece el ordenamiento jurídico.
La Sala concluye que las resoluciones adoptadas por la Magistrada no eran prevaricadoras, tan sólo demuestran «la existencia de una larga controversia judicial, en la que ha habido decisiones judiciales, algunas de ellas corregidas vía recurso, pero en todo caso dictadas conforme a una determinada interpretación de la norma aplicable en cada caso y que en manera alguna pueden ser consideradas como arbitrarias o ilícitas».
De esta forma, el TSJA se inclina por la petición del fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, que el pasado mes de julio solicitó al tribunal que archivara la querella por esa misma razón: “al margen de otras posibles responsabilidad de distinta naturaleza o de la aparición de nuevos elementos de prueba, los hechos que son descritos no revisten caracteres delicivos”, escribió.
El querellante acusó a Alaya de prevaricar con el fin de tener «el control absoluto» del Betis, que hasta hace un mes ha estado intervenido judicialmente desde 2010. En junio la Audiencia de Sevilla levantó las medidas cautelares que Alaya había impuesto.
La querella se centraba en una treintena de resoluciones de la magistrada sobre el Betis, a las que la Fiscalía de Sevilla se opuso de forma sistemática.