Gabriela Bravo, consellera de Justicia de la Generalitat Valenciana, sorprendió a propios y extraños en su última intervención ante las Corts con una revelación inesperada: “En un almacén duermen más de 3.000 modernos ordenadores sin desembalar porque son incompatibles con unos sistemas diseñados el pasado siglo”. Están en la Ciudad de la Justicia.
Los ordenadores fueron adquiridos por la Administración anterior, del Partido Popular y vienen equipados con un sistema operativo más avanzado que el que utiliza la Justicia en Valencia.
La existencia de esas 3.000 unidades es, por lo tanto, el resultado de una mala gestión de recursos que son vitales en un servicio público esencial para la ciudadanía y que está saturado.
La Comunidad Valenciana es una de las 12 Comunidades Autónomas que tienen transferidas las competencias en Justicia. Le corresponde, por lo tanto, a la Generalitat el proveer de medios materiales a los órganos judiciales dentro de su territorio.
Tanto la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Pilar de la Oliva, como el fiscal superior, Antonio Montabes, han venido reclamando más medios al Gobierno autonómico para la Administración de Justicia.
De la Oliva ha declarado en varias ocasiones que en los últimos años se ha producido un gran aumento de asuntos en todos los órdenes jurisdiccionales, de un modo especial en primera instancia, social y mercantil, que son los que más han sufrido los efectos de la crisis económica. Y de forma paralela, ha habido una reducción de presupuesto, funcionarios y jueces de apoyo.
Por ello, ha reclamado más medios.
De la misma forma Montabes ha informado que las causas contra personas aforadas se incrementaron en 2014 un 18 por ciento.
El nuevo presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se comprometió a dotar de más medios a la Justicia porque sin ella, la democracia no funciona.