Es una opinión desoladora. Porque procede de los hombres y mujeres que administran justicia día a día. Y porque es una encuesta realizada por el propio Poder Judicial. El “invento” de las transferencias a las CC.AA. en materia de justicia no funciona bien. Es un hecho contrastado por la experiencia diaria.
De acuerdo con la VI Encuesta realizada por SigmaDos para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el 68 por ciento de los jueces y magistrados españoles “considera que la asunción de competencias en materia de Justicia por parte de las Comunidades Autónomas no ha sido beneficioso para la Administración de Justicia”.
Sólo un 13 por ciento opina lo contrario.
La opinión desfavorable sobre el traspaso de competencias a las CC.AA. es particularmente acusada en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de toda España; el 84 por ciento de los jueces de esta jurisdicción creen que ha sido perjudicial.
El troceamiento de la Justicia, producto de las transferencias, ha hecho que los medios con los que cuentan los jueces sean muy diferentes, dependiendo de las Comunidades Autónomas en los que estén destinados.
Eso opina el 91 por ciento, 9 de cada 10 jueces. Lo que lleva a la conclusión obligada de la existencia de una justicia de varias velocidades en España, que va más rápida o más lenta, dependiendo de la Comunidad Autónoma y de la atención e importancia que cada gobierno regional haya dado a la Administración de Justicia en su respectivo territorio.
En la actualidad 12 Comunidades Autónomas tienen transferidas las competencias (Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco) frente a 5 que dependen directamente del Ministerio de Justicia (Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, Islas Baleares y Murcia).
En el caso de las 12 CC.AA. citadas los medios materiales (edificios, servicios informáticos, material fungible, etc) son facilitados por los respectivos gobiernos autonómicos, de quienes también dependen los funcionarios de Justicia, a excepción de fiscales, secretarios judiciales y jueces, cuyos salarios son abonados por el Ministerio que ocupa, en estos momentos, Rafael Catalá.
REFORMAS PROCESALES
La encuesta tiene un apartado dirigido a los jueces y magistrados del orden jurisdiccional penal en el que se les pregunta sobre trece posibles reformas procesales, muchas dirigidas a mejorar la lucha contra la corrupción.
Así, la gran mayoría de los encuestados está a favor de la creación de unidades periciales -dependientes de los Juzgados- con competencias en materia de delincuencia económica o relacionada con la corrupción (86 por ciento); de la revisión de los privilegios –como el de declarar por escrito o en su despacho- que la Ley de Enjuiciamiento Criminal concede a determinados cargos y representantes públicos (79 por ciento); y de sustraer del ámbito del jurado popular la totalidad de los delitos de corrupción política (66 por ciento).
Los jueces también se muestran favorables a la creación de órganos con competencia provincial para la investigación de la corrupción política y económica (60 por ciento); a prohibir a los partidos políticos el ejercicio de la acción popular en los procedimientos por corrupción (60 por ciento); y a que este tipo de causas, incluidas las que afecten a aforados, sean atribuidas al juez instructor natural, sin perjuicio de que el enjuiciamiento corresponda luego al tribunal ante el que el acusado esté aforado (59 por ciento).
La única de las posibles reformas procesales que no es respaldada mayoritariamente por la Carrera Judicial es la instauración de la Fiscalía como directora de la investigación en combinación con el juez de garantías: el 52 por ciento de los encuestados se muestra en contra y el 41 por ciento a favor.
La encuesta, elaborada a petición del CGPJ por SigmaDos y con un margen de error del 2,4 por ciento, se ha realizado mediante un cuestionario remitido a los 5.390 jueces y magistrados en activo al que contestaron 1.285 de ellos, lo que supone el 23,8 por ciento de la Carrera Judicial.