El Observatorio de Nombramientos de la Plataforma por la Independencia Judicial denuncia la existencia de «graves irregularidades» en el acuerdo de nombramiento del presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Luis Díez-Picazo.
Según Jesús Villegas, secretario general de la Plataforma por la Independencia Judicial, tras analizar en el informe a todos los candidatos que se presentaron para esa plaza, se puede concluir que «el sistema de nombramientos que hay ahora no garantiza que las personas que sea escogida para los puestos claves del gobierno Judicial lo sean por mérito y capacidad». «Este sistema no permite filtrar para saber que no ha sido elegido en función de la afinidad ideológica o política y por eso lo denunciamos»
Eso sí, asegura que desde la la Plataforma «no cuestionamos la valía de la persona que ha sido designada por el Consejo General del Poder Judicial, sino que cuestionamos el sistema de elección», indica Villegas.
En el informe elaborado por el Observatorio de Nombramientos de la Plataforma analizan punto por punto el perfil de cada uno de los cuatro candidatos que se presentaron a la presidencia de la citada Sala Tercera de lo Contenciso-administrativo del Tribunal Supremo, y aseguran que:
– De los cuatro candidatos «se ha seleccionado al que menor tiempo de servicio activo en la Carrera Judicial tenía, con 7 años (Luis Díez-Picazo), frente a los 24 (Eduardo Calvo Rojas), 39 (Eduardo Rodríguez Zapata) y 43 (José Manuel Sieira) años de los otros candidatos».
-Dentro de los méritos específicos para la Presidencia de Sala del Tribunal Supremo el Reglamento valora el tiempo de servicio activo como Magistrado del Tribunal Supremo y el conocimiento del orden jurisdiccional que debe cubrirse, sin embargo «el candidato seleccionado es el que menos antigüedad posee como Magistrado del Tribunal Supremo y había otro candidato que había estado más tiempo en el orden contencioso-administrativo».
– «Como méritos comunes el Reglamento comprende la acreditación del tiempo efectivo en órganos de gobierno, si bien el candidato seleccionado carece de aquel».
– El Acuerdo de Convocatoria de la Plaza establecía que se valorarían las aptitudes para la dirección, coordinación y gestión de medios materiales y humanos, «si bien el candidato seleccionado es al único que al que no se ha podido valorar dicha circunstancia dado que el resto de Magistrados han sido Presidentes de diferentes salas en diferentes órganos judiciales, incluso el último de ellos (José Manuel Sieira) lo ha sido de la propia Sala de lo Contencioso-administrativo cuya vacante sale a concurso.
– En conclusión, de los ocho méritos establecidos en la convocatoria el candidato seleccionado carece abiertamente de dos, y «es con mucha diferencia el que menos antigüedad tiene en la carrera judicial y también el que menor tiempo de servicio activo tiene como magistrado del Tribunal Supremo».
Y es más, indica que aunque los perfiles profesionales de los distintos candidatos son muy diferentes, el CGPJ se ha decantado por seleccionar «a quien solo pertenece a la Carrera Judicial desde hace siete años, solo pertenece al TS desde hace siete años, y carece por completo de experiencia de dirección y de gobierno de órganos judiciales».
Por último, la Plataforma también señala que «el nombramiento se efectuó con el voto favorable de todos los vocales nombrados a propuesta del PP, más el vocal nombrado a propuesta de CIU, conociéndose de antemano el nombre del seleccionado por los medios de comunicación».
OTROS ANUNCIOS DE LA PLATAFORMA:
La Plataforma anuncia que está a punto de publicar un informe exahustivo donde realiza un estudio general de todo el sistema de nombramientos del último año.
Además, «para evitar la politización de la justicia», Villegas señala que se «plantean la elaboración de de un texto doctrinal, un reglamento sobre los nombramientos del Consejo, para presentárselo al propio Consejo General del Poder Judicial y que lo asuma». Y esto es porque «ahora mismo está funcionando con un reglamento que no garantiza que los nombramientos obedezcan a los criterios de mérito y capacidad. La duda es que pueden obedecer a motivos políticos». En esto proyecto «queremos la colaboración de la Universidad», concluye Villegas.