La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y Unión Progresista de Fiscales (UPF) denuncian «los precarios medios personales y materiales» con los que cuenta este colectivo para afrontar las reformas previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que entrará en vigor el próximo mes de diciembre.
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha advertido que entrada en vigor de la reforma de la Lecrim que esta norma trasluce un «absoluto desconocimiento» hacia la figura del fiscal y advierte que la escasez de estos efectivos llevará «espacios de impunidad» de las conductas delictivas.
Desde la APIF sostienen que la Ley establece ahora plazos de caducidad de la instrucción, que en España está en manos de los jueces, indicando que podrán prorrogarse únicamente a instancia del fiscal o de alguna de las partes.
La cuestión es que «en la gran mayoría de las causas la única parte personada es el fiscal que en ocasiones tiene su sede a cientos de kilómetros de distancia de los juzgados*que le corresponde despachar», aseguran.
«A juicio de la APIF, la agilización de la justicia «pasa por simplificar el procedimiento, por impedir que pueda recurrirse cada paso que el juez vaya dando, por dotar a la justicia de medios materiales y personales propios del siglo XXI y no por poner plazos imposibles de cumplir y requisitos de prórroga inasumibles».
Y señalan que lejos de invertir en Justicia, la realidad son edificios judiciales sin ‘wifi’ para conecta con bases de datos y la eliminación de los fiscales y jueces sustitutos, lo que lleva a duplicar la carga de trabajo.
Por su parte, desde la Unión Progresista de Fiscales (UPF) muestran su «más enérgico rechazo a una reforma que denota el más absoluto desconocimiento por parte del Ministerio de Justicia de la realidad diaria de los juzgados y fiscalías».
Y denuncian que «el legislador actual opta por un nuevo remiendo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, manteniendo la figura inquisitiva del juez de instrucción, fija expresamente un plazo temporal para llevar a término las investigaciones judiciales con el consiguiente efecto adverso para el esclarecimiento de los hechos delictivos y la averiguación de sus responsables».
Desde UPF muestran su «más enérgico rechazo a una reforma que denota el más absoluto desconocimiento por parte del Ministerio de Justicia de la realidad diaria de los juzgados y fiscalías».
Entienden que «establecer un plazo para las investigaciones judiciales resulta una burla a la pretendida agilización de la justicia penal y supone una desafortunada y errónea fórmula para combatir la creciente delincuencia cada vez más compleja».
DURAS CRÍTICAS A LA FISCALÍA GENERAL
Las dos asociaciones se han mostrado muy críticas con el papel desempeñado por la Fiscalía General del Estado en la tramitación de esta reforma. «Es lamentable que la Fiscalía General no haya levantado la voz para advertir de las consecuencias de una reforma como la que entra en vigor en dos meses», reprocha la APIF a la fiscal general Consuelo Madrigal.
Mientras, desde UPF, lamentan «la significativa pérdida de peso institucional de la Fiscalía General del Estado ante la sociedad y ante el Ministerio de Justicia» y por ello, reclaman «una actitud mas enérgica de la Fiscal General en defensa de nuestros intereses ante una serie de reformas legislativas que no hacen sino dificultar la investigación judicial y entorpecer la labor del Ministerio Fiscal en la promoción de la acción de la justicia».