Jueces para la Democracia (JpD) recuerda «que nuestro procedimiento penal necesita un nuevo código procesal que sustituya íntegramente a una legislación que en gran parte entró en vigor en el siglo XIX», y no un «nuevo parche precipitado», como la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por «razones de oportunidad política».
A través de un comunicado, JpD asegura que en esta legislatura «ha vuelto a quedar en el cajón un nuevo proyecto de código procesal penal, a pesar de que se ha dispuesto de cuatro años de mayoría absoluta para diseñar un instrumento adecuado a las necesidades de la sociedad».
Y siendo muy críticos con la reforma de la LECrim aprobada por el Gobierno, a la que califican como «parche precipitado a una legislación procesal penal que resulta sistemáticamente insostenible», sostienen que «es una muestra más del fracaso en la gestión en materia de Justicia durante esta legislatura. Una etapa en la que se ha demostrado una patente incapacidad de afrontar cambios estructurales para mejorar de verdad el sistema judicial en beneficio de la ciudadanía».
Según JpD, la citada reforma «limita los plazos de instrucción penal sin aportar más medios a los órganos judiciales, que padecen una grave situación de sobrecarga estructural«. Por ello, desde esta asociación judicial insisten en asegurar que «cualquier persona que conozca nuestros juzgados sabe que será manifiestamente imposible el cumplimiento de dichos plazos, lo cual dará lugar al cierre en falso de las instrucciones o, en su caso, a dificultades para la aportación de elementos probatorios para la vista oral»
Y esta situación les precupa especialmente «en los procedimientos por corrupción, pues facilitará la impunidad en numerosos casos». Y señalan que «resulta bastante llamativo que las posibles prórrogas de dichos plazos no las pueda acordar de oficio el órgano judicial instructor, sino únicamente a petición del Ministerio Fiscal, lo cual demuestra una preocupante desconfianza del Gobierno en la independencia de la judicatura».
SOBRE LAS DETENCIONES
Desde Jueces para la Democracia consideran positivo que la reforma indique que «en las detenciones se velará por los derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen de las personas detenidas», evitando la denominada «pena de telediario» y la exhibición pública que resultan contrarios a la presunción de inocencia. Aunque critican que «resulta significativo que solo se ha procedido a efectuar esta reforma legal cuando dichas detenciones han afectado a personas de la esfera política, pero se consintieron estas prácticas cuando perjudicaban a ciudadanos o ciudadanas sin conexión con el poder».
Y entienden que «siguen sin estar regulados claramente los derechos de las personas detenidas, todo lo cual supone el mantenimiento de demasiados espacios de ambigüedad en situaciones que afectan a la libertad individual».