Consuelo Madrigal, fiscal general del Estado, cuestiona la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por las Cortes, la cual entrará en vigor dentro de dos meses, según publica El País. Sin embargo, rechaza que vaya a provocar impunidad, «porque nos esforzaremos para que eso no ocurra».
La fiscal, propuesta para el cargo por el Gobierno del PP, critica en primer lugar que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal “no sea global sino por parches”.
Es una reforma parcial porque hace un año renunció a una reforma integral del proceso penal.
En el inicio de la legislatura un grupo de expertos propuso un nuevo Código Procesal Penal que sustituía la ley de Enjuiciamiento Criminal que procede del siglo XIX.
La reforma impone plazos de seis o 18 meses para instruir esos sumarios, con posibilidad de prórrogas.
Aquel informe del Consejo Fiscal, realizado antes de la tramitación parlamentaria ya advertía de que “el plazo de duración de las diligencias no es realista y además es preciso establecer con mayor detalle las consecuencias procesales de su transcurso hasta que no se produzca la necesaria reforma del proceso penal español tal medida de limitación temporal sujeta a control carece de sentido, de utilidad y resulta de difícil aplicación práctica por lo que el Consejo Fiscal solicita su supresión”.
Ahora, en opinión de la fiscal general del Estado el resultado final es “disfuncional”.
Madrigal, además, pide “más tiempo para adaptar la organización y las funciones” y reclama “más infraestructura”. La norma tiene una «vacatio legis» (plazo entre la publicación y la entrada en vigor) de dos meses, lo que según Madrigal es insuficiente. En esta objeción coincide con cuatro asociaciones de jueces y fiscales.
“Hay que hacerlo con las mismas personas, lo que resulta difícil”, añade la fiscal y explica que “además hay que encontrar una solución con las 12 comunidades que tienen transferidos los medios materiales de la Justicia”.
“No habrá impunidad, las intenciones son buenas, pero falta la adecuación necesaria”, explica.
Las asociaciones de jueces, Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales han criticado duramente las nuevas reformas, al igual que la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.
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