El presidente catalán, Artur Mas, acudirá hoy a declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJSC) por la consulta del 9N. Sin atender a la denuncia del TSJC y del Poder Judicial, que afirman que estas concentraciones amenazan la independencia judicial, Mas irá acompañado de cuatrocientos alcaldes catalanes y los consellers de su Govern.
Según fuentes judiciales, está previsto que Mas se limite a responder al magistrado Joan Manuel Abril y a su abogado, y no conteste ni a los fiscales ni a la acusación popular –representada por Manos Limpias– al igual que hicieron el martes la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega y la consejera de Enseñanza en funciones, Irene Rigau.
Los tres están imputados por un delito de desobediencia grave por haber impulsado la pseudoconsulta independentista del 9 de noviembre.
Ortega y Rigau coincidieron en los argumentos de su defensa: dijeron que no desobedecieron al TC porque no había una prohibición expresa y que no pararon la consulta –que denominan proceso participativo– porque cuando llegó la supuesta suspensión la organización ya estaba en manos de voluntarios, la «sociedad civil», según Ortega.
También argumentaron que obedecieron un mandato del Parlament y se detuvieron en explicar las diferencias entre la primera de las consultas suspendida y el proceso participativo que puso en marcha luego el presidente de la Generalitat, cuyo peso ambas recalcaron que recayó en los voluntarios.
Que el TC no dio una orden expresa para parar el 9N ya lo había defendido Mas con anterioridad con el argumento de que la Generalitat no tenía claro qué había que suspender exactamente porque la resolución era ambigua, y el Govern lo preguntó pero no recibió contestación: «Como no respondieron, no frenamos».
Mas está citado a las 10 horas en la sede del TSJC en el Palau de Justícia, donde llegará escudado por el Govern –al igual que Ortega y Rigau– pese a que el TSJC consideró en un comunicado el martes que estas convocatorias de concentraciones ante su sede eran «un ataque directo y sin paliativos a la independencia judicial», más cuando están encabezadas por representantes de la Generalitat.