La FRANCISCO DE VITORIA denuncia el USO PARTIDISTA del edificio del TSJ de CATALUÑA

La FRANCISCO DE VITORIA denuncia el USO PARTIDISTA del edificio del TSJ de CATALUÑA

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16/10/2015 00:00
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Actualizado: 16/10/2015 00:00
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El portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, ha denunciado el uso partidista del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por parte del gobierno de la Generalitat, cuando la vicepresidenta del Parlament y la consejera de Enseñanza, imputadas las dos, hicieron declaraciones desde dentro del Palacio de Justicia el pasado martes.

Sexmero se ha mostrado particularmente alarmado por el hecho de que el imputado Artur Mas haya contado, además, con el apoyo del propio consejero de Justicia, Germá Gordó, de quien dependen todas las sedes judiciales de Cataluña.

El portavoz de la Francisco de Vitoria recordó, precisamente esto, que la «custodia» y «propiedad» del Palacio de Justicia está en manos del gobierno catalán.

Por lo que «es muy difícil» actuar «cuando todos los resortes de seguridad e Interior» son competencias de comunidades autónomas «en manos de un gobierno» en estado «sedicente», según declaraciones a Libertad Digital/EsRadio. 

A Sexmero le preocupa que tanto a la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, y la vicepresidenta del Parlament, Joana Ortega, se les permitiera hacer declaraciones desde dentro del vestíbulo del TSJC, cuando fueron a declarar como imputadas, cosa que no se puede hacer. 

La norma es que los imputados de la clase que sean, que deseen hacer declaraciones a los medios, las realicen en la puerta, pero jamás en el interior de los Palacios de Justicia. Así ha venido ocurriendo en el Tribunal Supremo en los casos de los diputados imputados por los ERE, por poner un ejemplo, o de los cientos de otros casos de «perfil mediático». 

Además, tanto la doctrina del Tribunal Constitucional como el Protocolo de Comunicación del Consejo General del Poder Judicial, recientemente actualizado, establecen los pasillos y vestíbulos de los tribunales de justicia de toda España como zona protegida en la que no se puede grabar nada.  

El origen de este conflicto está, a juicio de Sexmero, en el «error gravísimo de atribuir las competencias en materia de justicia a las comunidades autónomas».

Eso está provocando, ha continuado, que «algunas comunidades usen y abusen de esas competencias». 

«Esto cada vez se entiende menos. Esto debe pararse, irá a más si no se hace nada para evitar que continúe», ha lamentado.

Sobre las posibilidades que habría de impedir el acoso a la sede judicial, Sexmero ha lamentado que el Ministerio del Interior no puede «hacer nada» porque «las competencias de seguridad» para prohibir, por ejemplo, manifestaciones, «corresponden a la consejería» al estar cedida esa atribución.

Sí lo podría pedir «el fiscal de turno al juez de guardia» si denuncia un delito e imponer así «que por lo menos no se acerquen» a la sede. «La única posibilidad, si no se suspende la autonomía», de actuar contra los responsables sería que lo hiciera el fiscal, ha insistido. Y ha recordado cómo la propia Generalidad impuso una medida así cuando los acosados eerna ellos en el Parlamento catalán.

Entonces, recordó el magistrado, «les molestó muchísimo que hubiera manifestantes». 

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