La Abogacía exige «DIÁLOGO» para solucionar los problemas generados por la LECRIM
El Pleno mantenido por los 83 decanos y la presidenta del CGAE, Victoria Ortega, ha sido telefónico. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

La Abogacía exige «DIÁLOGO» para solucionar los problemas generados por la LECRIM

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19/10/2015 00:00
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Actualizado: 19/10/2015 00:00
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El Consejo General de la Abogacía ha exigido hoy «diálogo» al Ministerio de Justicia y los operadores jurídicos tras las críticas hacia el nuevo proceso de investigación penal contenido en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuya suspensión exigen seis asociaciones de jueces y fiscales.

En un comunicado, la Abogacía se hace eco de la reunión de mañana del ministro de Justicia, Rafael Catalá, con el Consejo Fiscal para para tratar de acercar posturas con los representantes del Ministerio Público sobre el nuevo modelo, que limita la instrucción judicial a 6 meses para las causas sencillas y 18 meses para las complejas, prorrogables por igual periodo.

Y advierten de que la entrada en vigor el próximo 5 de diciembre de la reforma «puede resultar de imposible cumplimiento» en lo relativo a la solicitud de prórroga cuando en estos plazos no pueda completarse la instrucción y porque habrá de aplicarse a todas las causas abiertas que están en fase de instrucción

Aseguran que «en todo caso, es poco eficaz la novedosa regulación si la prórroga tiene que resolverla el juez de instrucción, a petición del fiscal o de las partes, continuando con el deficiente marco procesal penal que ignora las peticiones de la mayor parte de los intervinientes en el proceso».

Por ello, la Abogacía española exige «diálogo» entre todas las partes que participan en la Administración de Justicia para encontrar una «solución consensuada» que garantice a los ciudadanos que no habrá impunidad cuando finalice el plazo de la instrucción judicial o mientras se tramita la prórroga.

«Lo que demandan los ciudadanos es mayor agilidad en la tramitación de los procesos judiciales. La celeridad procesal beneficia tanto a investigados y acusados como a víctimas y perjudicados», afirma.

Además, «el Consejo General de la Abogacía solicita que se dote de los medios personales y materiales necesarios a fiscalías y juzgados para cumplir el mandato legal recogido en el reformado proceso penal». Y reclaman «una vez más que se dote de una contraprestación digna, puntual y garantizada por el Estado a los abogados del Turno de Oficio, tal y como recoge la Exposición de Motivos de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita». 

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