El ministro de justicia, Rafael Catalá, no suspenderá la entrada en vigor del nuevo proceso de investigación penal contenido en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como piden los fiscales, a quienes les ha ofrecido más medios humanos y materiales para la puesta en marcha del nuevo sistema.
Catalá se ha referido así a los medios tras más de dos horas de reunión con los vocales del Consejo Fiscal, quienes le han trasladado su preocupación por el futuro modelo de instrucción judicial, cuya entrada en vigor prevista para el próximo 7 de diciembre piden suspender.
El ministro se ha reunido durante más de dos horas con los miembros del Consejo Fiscal, quienes han insistido en la necesidad de suspender la entrada en vigor de la norma, según ha reconocido el propio Catalá. Y ha asegurado que no descarta estudiar una posible suspensión si se ve, el próximo mes de junio, que el cumplimiento de la ley no es posible. «Si en el futuro comprobamos que lo que hoy consideramos suficiente no lo es, hipotéticamente podría plantearse una suspensión de plazos pero no ahora», ha precisado.
Entre los medios ofrecidos para que se puedan cumplir con los plazos Catalá se ha referido a la mejora de la gestión procesal, una mejor coordinación con los jueces instructores, medidas tecnológicas y refuerzos «cuando sean necesarios». Dichas medidas se implantarán desde este mismo momento, cuando la Fiscalía comunique al ministerio «las necesidades que tiene».
La Fiscalía, según reconoce el propio ministro, debe realizar un trabajo respecto a las diligencias pendientes, que son 370.000 , «y luego desde allí deberá llevar velocidad de crucero con un sistema de trabajo permanente y continuado».
Para ambas labores de los fiscales se les dotará de medios materiales y personales «que garanticen que los fiscales pueden realizar su trabajo satisfactoriamente».
EL CONSEJO FISCAL SE MUESTRA INSATISFECHO
Según un comunicado, los vocales electos del Consejo Fiscal, que son nueve del total de doce que integran este órgano consultivo de la Fiscalía General del Estado, no se han quedado satisfechos con las propuestas que les ha hecho este martes el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en respuesta a sus requerimientos para dejar en suspenso la entrada en vigor de los plazos para la instrucción penal que establece la nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Consideran que «no alcanzan a colmar» sus demandas e insisten en la necesidad del aplazamiento.
Sin embargo, los vocales electos, pertenecientes a la Asociación de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales, de muy diferente sensibilidad política, señalan en su comunicado que «las medidas propuestas no alcanzan a colmar la demanda de los fiscales y que sólo la prórroga de la entrada en vigor podría resultar satisfactoria».
Los fiscales lamentan que «una propuesta razonada, ponderada y basada exclusivamente en criterios técnicos no haya sido tomada en consideración por el señor ministro de Justicia».
NO HABRÁ IMPUNIDAD
Respecto a las críticas sobre el peligro de que los plazos generen impunidad al no dar tiempo a estudiar las causas, Catalá ha manifestado que tanto él como la fiscal general, Consuelo Madrigal, han descartado dicho extremo durante la reunión porque la propia Ley establece mero transcurso de los plazos no producirá el archivo de las causas.
«Es tan evidente y tan obvio que creo que ahí hay un ejercicio de crítica más dialéctica que jurídica», ha añadido Catalá, que defiende que la norma da tanto al fiscal como al juez capacidad para prorrogar los plazos y practicar todas las diligencias que sean necesarias.
Pese a insistir en la suspensión por la aplicación de los plazos, Catalá ha apuntado que los miembros del Consejo Fiscal han destacado como «positivos» otros aspectos de la instrucción y que era el primero el que les generaba preocupación.
«Por eso les he dicho, tomemos las medidas necesarias que hagan posible el cumplimiento de la Ley y acreditemos los medios para que se pueda llevar a cabo sin ningún problema y sin ninguna dificultad», ha señalado.
En el orden del día de la sesión del Consejo de hoy se incluía precisamente el estudio de la futura Instrucción que la Fiscalía General del Estado remitirá «Sobre los plazos máximos de la fase de Instrucción».
El ministro venía insistiendo en los últimos días en que, al contrario de lo que vaticinan hasta seis asociaciones de jueces y fiscales defiende que el cumplimiento de los plazos de la instrucción no supondrá impunidad, ya que la propia norma establece que ningún asunto se va a archivar o sobreseer «por el mero transcurso del tiempo». (CONFILEGAL/EP)