Fernando Presencia, juez decano de los Juzgados de Talavera, ha presentado una denuncia, en forma de queja, ante el Defensor del Pueblo en la que pone en su conocimiento de que está “sufriendo en la actualidad las represalias procedentes” del fiscal jefe, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade”, y de su entorno.
Según el magistrado, De la Cruz Andrade, “al no haber sido suspendido en sus funciones, me reta y provoca ‘dando voces’ donde quiera que me ve, ya sea en las inmediaciones de los juzgados o fuera de ellos, y de sus ‘amigos’, que provocan, amenazan y coaccionan a mis allegados”.
El juez Presencia denunció, el pasado mes de julio, ante la Fiscalía Anticorrupción la existencia de un “entramado de corrupción”, en torno a un “pelotazo urbanístico” en el que supuestamente habrían participado el citado De la Cruz Andrade, la titular del Juzgado de lo Penal 6, Cristina Peño, y su marido, el abogado Santiago Ramos.
Estos extremos fueron recogidos después en la querella que el sindicato anticorrupción Manos Limpias presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
La querella fue después inadmitida por la Sala de lo Civil y Penal de ese órgano judicial.
El magistrado Presencia teme poder acabar suspendido, sancionado o condenado por haber cumplido con el deber de denuncia al que le obliga la ley, razón por la cual ha presentado el escrito ante el Defensor del Pueblo, que lleva fecha de 14 de octubre.
En el mismo, el juez pide que éste órgano acuerde lo que sea preciso para que la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) “puedan reconducir la situación de conflicto que actualmente estoy padeciendo como consecuencia de haber denunciado en mi condición de juez decano la trama de corrupción que actualmente sigue asolando a los Juzgados de Talavera de la Reina, removiendo los obstáculos que actualmente impiden la denuncia, investigación y erradicación de la corrupción”.
PRESENCIA SEÑALA
El magistrado Presencia señala también, en su escrito, al fiscal jefe de Toledo que, “lejos de mantener una postura de neutralidad y legalidad, no ha tenido empacho en defenderle públicamente a través de un comunicado de prensa, a pesar de que la Fiscalía General del Estado había ordenado ya su investigación”.
El juez decano de Talavera revela, en el escrito dirigido a la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que ha recibido del fiscal jefe de Toledo un escrito de recusación hacia su persona en la que “se contienen manifestaciones que podrían ser constitutivas de un delito de prevaricación, al faltar manifiestamente a la verdad en sus afirmaciones”.
El fiscal jefe de Castilla-La Mancha tampoco queda al margen.
Presencia dice que, “en contra también de lo ordenado por la Fiscalía General del Estado, ha archivado las diligencias de averiguación penales que pesaban sobre el denunciado, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, y, por el contrario, me ha incoado diligencias de averiguación penales por la presunta comisión de un delito de prevaricación”.
Al magistrado le extraña mucho que la cédula de notificación fuera mandada por “el mismo presidente del TSJCM, Vicente Rouco Rodríguez, sin comunicarme quien era el denunciante ni el motivo de la denuncia, lo que de suyo acarrea la nulidad de la citación y de todas las diligencias de averiguación que se hubieran practicado”.
TAMBIÉN EL CGPJ
Presencia también denuncia, en su escrito de queja, que el secretario de su Juzgado está recibiendo presiones “por parte del Sr. Promotor de la Acción Disciplinaria, dependiente del CGPJ, para que ‘coopere’ en la tramitación de hasta cuatro procedimientos sancionadores que al parecer me han sido abiertos a consecuencia de la denuncia que interpuse ante la Fiscalía Anticorrupción, sorprendentemente a instancia de quienes habían sido antes denunciados por mí por participar en la trama de corrupción que asola los Juzgados de Talavera”.
Dicha cooperación, en palabras de Presencia, consiste en que el secretario instruya determinadas diligencias “sin darme traslado alguno, y por el contrario, haga de ‘funcionario de correos’ respecto de mi persona en la notificación de resoluciones no procesales que son personalísimas y reservadas”, lo que también acarrearía la nulidad de todo lo que se hubiera actuado en esos procedimientos sancionadores, señala el juez decano de Talavera en su escrito de queja.
El juez explica a la defensora del pueblo que su denuncia tuvo como origen «el pelotado urbanístico» denunciado, a su vez, por el que fue el arquitecto municipal «contra el entonces Alcalde de la localidad de Pepino en el año 2004 (cuando estaba en el gobierno municipal el PSOE) por un delito CONTRA LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, (toda vez que se denuncia que se concedieron ilegalmente licencias para construir viviendas de renta libre en la zona de policía y servidumbre pertenecientes al ‘Arroyo de la Fuente o Berrenchín’, en contra de la prohibición ordenada por la Confederación Hidrográfica del Tajo, y que dieron lugar a unas Diligencias Previas que fueron archivadas a iniciativa del Fiscal Jefe por considerar que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito, cuando se ha sabido después que el propio Fiscal Jefe tenía pensado construir su vivienda, y así lo hizo después, un chalet de lujo – valorada la adquisición de la parcela y el coste de construcción en más de 650.000 €-, dentro mismo del cauce fluvial del ‘Arroyo de la Fuente o Berrenchín», explica en su escrito.