Uno de los ACUSADOS DE ASKAPENA EVITA ACLARAR si condena los CRÍMENES DE ETA

Uno de los ACUSADOS DE ASKAPENA EVITA ACLARAR si condena los CRÍMENES DE ETA

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20/10/2015 00:00
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Actualizado: 20/10/2015 00:00
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Aritz Gamboa, uno de los cinco dirigentes de Askapena juzgados por un delito de colaboración con organización terrorista, ha evitado, durante su interrogatorio, aclarar si, cuando su asociación denunciaba la vulneración de derechos fundamentales, incluía los crímenes de ETA contra guardias civiles, concejales o empresarios vascos.

Gamboa se ha limitado a asegurar que Askapena «nunca ha colaborado» con la banda terrorista.

El magistrado Javier Martínez Lázaro ha preguntado a los dos únicos acusados que quedaban pendientes de declarar, David Soto y Aritz Gamboa, por su relación con ETA y si Askapena -a la que han presentado como una asociación dedicada a denunciar la vulneración de derechos humanos- había condenado también los crímenes que la banda terrorista ha llevado a cabo en el País Vasco.

«Askapena se ha presentado por ustedes como una organización que lucha por la defensa de los derechos humanos a nivel internacional, un trabajo que el tribunal considera loable. El problema es que no están aquí por eso, sino por colaborar con una organización que vulnera los derechos humanos en el País Vasco», ha afirmado el magistrado.

«¿Han reaccionado a esta vulneración de derechos humanos en el País Vasco cuando se han conocido asesinatos de empresarios, guardias civiles o concejales, o han entendido que era un problema ajeno a sus consideraciones y a su defensa de derechos humano?», ha preguntado, en al menos tres ocasiones, el magistrado, a quien Gamboa se ha limitado a decir que «Askapena nunca ha colaborado con ETA».

A preguntas de su abogada Amaia Izko, Gamboa ha aclarado que Askapena «habla de una posición ideológica o de un proyecto político» con la izquierda abertzale, pero no «de justificación ni apoyo». El acusado, que ha dicho ser pastor de oveja lacha y fabricar quesos de la denominación de origen Idiazábal, ha aseverado que la asociación no mantiene ningún cauce de comunicación con ETA.

Poco antes, el responsable de organización interna de Askapena, David Soto, ha asegurado que ETA no ha dado «órdenes ni ningún tipo de apoyo» a la asociación, como tampoco lo han hecho organizaciones como la ilegalizada Batasuna o el aparato político EKIN.  «No tenemos absolutamente nada que ver con la actividad de una banda armada. Askapena no tiene ninguna relación con ETA y yo tampoco», ha remachado.

Eso sí, Soto ha reconocido haber mantenido «multitud» de encuentros con organizaciones como Batasuna o la cantera de la banda terrorista SEGI, que tienen su «autonomía» y con las que ha dicho compartir su apuesta por la construcción de una «Euskal Herria independiente basada en el socialismo con valores internacionalistas, feministas y ecologistas».

El acusado, que fue absuelto del macrojuicio del caso EKIN, ha explicado que su relación con Askapena se remonta a 1997 después de que la Revolución Sandinista de Nicaragua «marcara a su generación». Según ha dicho, se ha dedicado a trabajar en su tienda, en «bares», en la confección de «chapas» e incluso abrió una cuenta corriente para que los militantes financiaran la asociación.

Los cinco acusados se enfrentan a seis años de prisión por colaborar con ETA.

EXIGEN DISOLVER ASKAPENA E INHABILITAR A SUS MIEMBROS

El fiscal Pedro Martínez Torrijos pide inhabilitar durante catorce años e imponer sendas multas de 7.200 euros a Walter Wendelin, a quien considera el «máximo responsable» de Askapena y su delegado para América Latina, a David Soto Aldaz y Aritz Gamboa de Miguel, responsables de Organización, a Unai Vázquez Puente, que dirigía la sección de Internacionalismo y ONG’s, y a Gabriel Basañez, quien estaba al frente del área de Solidaridad, el cual fue candidato por D3M a las elecciones del Parlamento vasco de 2009 y cuenta con antecedentes por desórdenes públicos, atentado y lesiones.

El representante del Ministerio Público exige también declarar la ilegalidad y disolución de las asociaciones ‘Askapena Comités Vascos de Solidaridad con los pueblos’, ‘Askapeña Kultur Elkartea’ y la organización cultural ‘Herriak Aske’, así como las sociedades ‘Herriak Aske’ y ‘Elkartruke’. El decomiso de los bienes y las cuentas bancarias viene argumentado por su «subordinación financiera e importante grado de vinculación» a Askapena.

Según el escrito provisional de conclusiones del Ministerio, la ruptura de las conversaciones de Argel en 1989 hizo que los responsables de ETA decidieran crear un entramado de «posicionamientos y compromisos internacionales» que permitieran garantizar sus posiciones en otra eventual mesa de financiación para «presionar» al Gobierno español e «internacionalizar el conflicto».

Los procesados desempeñaban funciones de «dirección y planificación» dentro de la organización, que estaba liderada por Wendelin y se sometía a las directrices del entramado ETA-EKIN y Batasuna con el objetivo de recabar para sus reivindicaciones apoyos exteriores, entre ellos el respaldo de organizaciones implicadas en «procesos revolucionarios», como las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) o el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Su actuación consistía en organizar conferencias y seminarios para difundir los planteamientos del MLNV y controlar una red de comités de apoyo repartida en distintos países, fundamentalmente europeos, denominada ‘Euskal Herriko Laguna. Amigos de Euskal Herria’. EP. 

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