Al ministro de Justicia, Rafael Catalá, sólo le quedaban dos días para inaugurar la nueva sede de la Audiencia Nacional (AN): hoy y mañana. A partir del sábado, cuando se publique la convocatoria de elecciones, quedan prohibidas inauguraciones como esta. Era ahora o nunca. Y tenía que ser ahora. No en vano, la AN es el segundo órgano en importancia de la Justicia española.
Mediáticamente era vital «salir en la foto». Era la última ventana de oportunidad.
Había que transmitir la impresión de que al «portaaviones de la Justicia» -como lo definió su creador, Rafael de Mendizábal- lo habían remozado de arriba a abajo, invirtiendo en el proceso 26 millones de euros.
Y que había sido bajo este Gobierno, lo cual era una prueba clara de su apuesta por la Justicia.
El acto tenía que ser perfecto. Pero no lo fue.
En la calle, un centenar de trabajadores de la Administración de Justicia, miembros de los sindicatos CSIF, STAJ, CC.OO y UGT, de Justicia, recibieron al ministro con una sonora pitada cuando llegó en su coche oficial, mientras que lo esperaban a pie de escalerilla José Ramón Navarro y Javier Zaragoza, presidente y fiscal jefe, respectivamente del órgano judicial.
Entraron en un pis pas. Visto y no visto.
A los hombres y mujeres de la imagen de las televisiones y periódicos digitales y de papel les dio tiempo a hacer buenísimas fotos de las espaldas de todos ellos.
«Ayer estuvimos reunidos con ellos desde la 1 de la tarde hasta las 7.30 y no llegamos a ningún acuerdo», explicaba María Victoria Carrero, responsable federal del sector de la Administración de Justicia de UGT mientras subían las escaleras. «Recibimos buenas palabras, mucha comprensión, mucha comunicación, pero poca concreción. Nos pidieron expresamente que desactiváramos esta concentración. Les dijimos que no. Y aquí estamos».
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Al mismo tiempo que pronunciaba esas palabras, los concentrados arreciban con eslóganes como «Catalá dimite, la justicia no te admite» o «Para ricos y corruptos, la justicia del PP».
Javier Hernández, responsable del Sector de Administración de Justicia de FSC-CCOO, y Elisa Losada, delegada sindical del STAJ, denunciaron con vehemencia la «chapuza» y los «miles de problemas» que encuentran los funcionarios que encuentran en su trabajo diario. En especial la restricción de movimientos entre las plantas del edificio y el hacinamiento de las mesas de trabajo.
El martes próximo, a las 12.30, vuelven a verse las caras en la sede del Ministerio de Justicia.
ALBERTO RUIZ GALLARDÓN, INVITADO ESPECIAL
Dentro, mientras el ministro hacía una visita rápida y desvelaba la placa correspondiente, en el salón de actos del nuevo edificio se fueron concentrando los invitados, el «todo Madrid» de la Justicia. Francisco Vieira, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Eduardo de Porres, presidente de la Audiencia Provincial, Antonio Viejo, decano de los Juzgados de Madrid, Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de los Procuradores de España, Tomás Sanz, secretario de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, y, por supuesto, los habitantes magistrados, jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia del nuevo edificio, como Santiago Pedraz, Fernando Andreu, Eloy Velasco, José de la Mata, Juan Pablo González, Carmen Lamela, que sustituirá al anterior en el Juzgado Central de Instrucción 3 próximamente, Alfonso Guevara, Enrique López, Javier Martínez Lázaro, Concepción Espejel, José María Vázquez Honrubia, Teresa Palacios, Francisco Martel y Ángel Hurtado, entre otros.
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Entre los «externos» se encontraba Alberto Ruiz Gallardón, antecesor de Catalá en la cartera de Justicia e impulsor de la obra, que, con una sonrisa de oreja a oreja, estrechaba manos a diestro y siniestro, y abrazaba a unos y a otros, como a Juan Manuel Fernández, vocal del Consejo General del Poder Judicial, con el que se fundió durante breves décimas de segundo.
Ruiz Gallardón, quién, además, es vecino de la zona, ha sido, con diferencia, el ministro más contestado de toda la democracia moderna española.
«Muchas veces, se inauguran cosas que uno había puesto en marcha y le ha tocado hacerlo a otro. Es el ritmo de las cosas. Por eso he querido que Alberto estuviera aquí», declaró luego, Catalá, durante el discurso que pronunció. Era una forma de resarcirlo después de que tuviera que salir como salió. Subliminalmente era reconocerle el edificio como su legado.
Y lo hizo después de que el arquitecto, Francisco Martínez Partearroyo, hiciera una rápida exposición de la transformación que el antiguo edificio de la Audiencia Nacional había sufrido bajo su dirección.
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Sobre estas líneas, el arquitecto Martínez Partearroyo y algunas de las imágenes que mostró durante su intervención.
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Debajo, una reconstrucción en 3D de la entrada a las 4 salas de vistas que han sido construidas debajo de la Plaza de la Villa de París. Está totalmente acristalada, al estilo del Louvre.
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Junto a Ruiz Gallardón, asistió también Juan Bravo, exsubsecretario de la Administración de Justicia. Se echó de menos a Fernando Román, secretario de Estado con Gallardón, actualmente magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que tiene su sede en el edificio de la calle Goya. A tiro de piedra, como se suele decir.
Por parte del CGPJ estuvieron los vocales Nuría Díaz Abad, Mar Cabrejas, Rafael Mozo, Vicente Guilarte, Fernando Grande-Marlaska, quién, además, es presidente de la Sala de lo Penal de la AN, y el mencionado Juan Manuel Fernández.
Representando al Ministerio de Justicia, la secretaria de Estado, Carmen Sánchez-Cortés, el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Dorado, y Ricardo Conde, director general de Relaciones con la Administración de Justicia.
El Ministerio del Interior envió al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.
MESA PRINCIPAL
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La mesa principal fue ocupada por el ministro, que aparece en el centro de la foto superior, la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, el vicepresidente del Tribunal Supremo -y expresidente de la Audiencia Nacional- Ángel Juanes (el primero por la izquierda), el presidente de la AN, Navarro (el primero por la derecha), el fiscal jefe, Javier Zaragoza (a la izquierda del ministro), y Grande-Marlaska.
El ministro Catalá vendió muy bien el «pescado electoral».
«El edificio evoca modernidad y transparencia». «Es un edificio hecho con la ley en la mano. Se ha tenido en cuenta los circuitos que las leyes procesales establecen». «Se ha tenido muy presente el Estatuto de la Víctima, que nosotros hemos aprobado. Hay nuevas salas de vistas que permiten separar a las víctimas de los acusados, evitando así una nueva victimización al tener que compartir espacio con los agresores durante la espera», dijo a los presentes.
Según el ministro de Justicia, se ha invertido un total de 26 millones de euros, de los que 24,5 corresponden a obra civil, elementos de seguridad y urbanizacion y el 1,8 restante al equipamiento del edificio.
Catalá reveló que la antigua sede judicial, sobre cuya estructura básica se ha construido esta nueva, tenía 9.600 metros cuadros. «La nueva tiene 11.500 metros cuadrados. Es decir, se han ampliado 3.500 metros cuadrados, a los que se añaden 3.500 metros cuadrados más, construidos bajo el subsuelo de la Plaza de la Villa de París. Ambas construcciones están unidas por un túnel subterraneo», explicó a los presentes.
«La superficie inicial se ha incrementado en un 56 por ciento», añadió.
Sin embargo, los megaprocesos seguirán celebrándose en la sede que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares, población al este de Madrid, ya que las cuatro salas no tienen aforo suficiente para ello.
El titular de Justicia no dejó pasar la ocasión para repetir su evangelio de que el expediente digital electrónico, previsto para el 1 de enero de 2016, va a ser una realidad en toda España.
«Ya es una realidad en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, lo que ha permitido ahorrar 5,5 millones de euros en los 18.400 asuntos incoados durante este año, un 70 por ciento menos de consumo de papel y una significativa reducción de tiempos de hasta un 52 por ciento en algunos procedimientos», declaró ante un público convencido.
El nuevo edificio contiene los 6 Juzgados Centrales de Instrucción, el Juzgado Central de lo Penal, las cuatro secciones de la Sala de lo Penal y Sala de Apelación, la Fiscalía Especial Antidroga y la Fiscalía de la Audiencia Nacional, además del Instituto de Medicina Legal, los servicios comunes, las dependencias policiales, instituciones penitenciarias y calabozos.
El Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria y de Menores, que dirige José Luis Castro, por contra -y a pesar del 56 por ciento de aumento de volumen en la superficie útil del nuevo edificio-, sigue estando fuera. Lo que resulta incomprensible.
Tras el discurso llegó el momento de las conversaciones y las despedidas, entre amplias sonrisas.
Sobre todo entre los responsables del Ministerio, que respiraron con alivio.
48 horas más y habría sido imposible su venta mediática.
Misión cumplida.
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Catalá con Fernando Andreu, magistrado juez del Juzgado Central de Instrucción 4, y Javier Martínez Lázaro, magistrado de la Sala de lo Penal.
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José de la Mata, titular del Juzgado Central de Instrucción 5, y Rafael Mozo, vocal del CGPJ y magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid.
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José Ramón Navarro, presidente de la Audiencia Nacional, Consuelo Madrigal, fiscal general del Estado, y Javier Zaragoza, fiscal jefe de éste órgano judicial.