La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que actualmente existen en los Juzgados de lo Social de la capital un total de 35 mesas vacías que deberían estar ocupadas por funcionarios de la Administración de Justicia.
Según indica la central sindical, «este dato, obtenido por los delegados de Justicia de CSIF Madrid en las visitas que habitualmente efectúan por los diferentes órganos judiciales de nuestra región, choca frontalmente con la información facilitada por los responsables de la Comunidad de Madrid el pasado mes de junio, cuando anunciaron el nombramiento de 33 funcionarios de refuerzo que apoyarían a los 10 jueces y 5 secretarios nombrados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia».
CSIF insite en que «si bien es cierto que 33 funcionarios sí que han sido nombrados» para apoyar a estos jueces de refuerzo, «los responsables del gobierno autonómico ocultan que previamente se han dejado de sustituir 35 puestos repartidos entre los 41 juzgados de lo Social actualmente existentes».
Y además, recuerdan que estos juzgados son de los órganos judiciales que más penurias están atravesando en nuestra comunidad como consecuencia del exceso de trabajo y la evidente falta de medios personales. «El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid ha cuantificado en la Memoria correspondiente al año 2014 que sería necesaria la creación de 20 nuevos juzgados de este tipo», puntualizan.
Por ello, creen que es «intolerable» que la Comunidad de Madrid siga ninguneando a la ciudadanía, funcionarios y profesionales y «anunciando medidas que no se corresponden con la realidad, mientras no hace nada por evitar que la Administración de Justicia siga deteriorándose y se colapse». Desvestir a un santo para vestir a otro, «no es reforzar a unos juzgados que están muy necesitados de medidas que alivien la carga de trabajo y faciliten que la ciudadanía dispongan de una justicia ágil y eficaz».
Desde CSIF siguen reiterando que en los juzgados de Madrid existen aproximadamente unas 550 plazas sin cubrir como consecuencia de la política de reducción del presupuesto dedicado a la Administración de Justicia desde enero de 2013.
Y exigen que «absolutamente necesaria la sustitución de la totalidad de plazas existentes en nuestros juzgados y para ello, se deben recoger los incrementos presupuestarios necesarios en los presupuestos para el año 2016″.