La comunidad de Madrid invierte al año en alquileres de sedes judiciales un total de 30 millones de euros. Una cantidad cercana al 10 por ciento del montante de los 400 millones euros del presupuesto que maneja la Consejería de Justicia.
ÁNGEL ZAFRA, especial para Confilegal.
El cierre definitivo del proyecto de la ciudad de la justicia no hará sino prolongar estos pagos, al menos hasta mediados de 2016.
No hay que olvidar que, aunque el proyecto del Campus de la Justicia ha echado el cierre definitivamente, la Comunidad negocia ahora un justiprecio por el proyecto y las obras construidas en Valdebebas.
Corsan-Corviam exige a la Comunidad un pago de cinco millones de euros, pero la Comunidad, de momento, ha ofrecido justamente la mitad: 2,5 millones.
La Comunidad estima que una vez salvadas estas diferencias económicas con la constructora “dentro de seis u ocho meses” será el momento de proyectar y diseñar “una nueva nueva ciudad de la justicia” en la que unir a todas las sedes judiciales y eliminar la diseminación judicial actual. “Sólo entonces dejaremos de pagar alquileres de edificios: cuando tengamos un recinto propio”.
Madrid es la segunda Comunidad autónoma con mayor tasa de litigiosidad, con más de 200 asuntos por cada mil habitantes: el 10 por ciento más que la media nacional.
Además, es la primera Comunidad en número de órganos judiciales creados desde 2003 (154) -con 534- y la primera con más funcionarios por juez, con 9,7 de ratio, por delante de Cataluña (9,4) y Andalucía (8,3).
Desde que asumió las competencias en provisión de medios humanos y materiales a los juzgados y tribunales de la región, la Comunidad ha invertido más de 3.000 millones; sólo para el presente ejercicio presupuestario casi 400 millones de euros (el 10 por ciento coste total de la Justicia de toda España).