El juez PROCESA por delitos de LESA HUMANIDAD a JOSU TERNERA y otros cuatro JEFES DE ETA
El juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González ha enviado a juicio a cinco antiguos dirigentes de ETA, entre ellos el histórico fugado José Antonio Urruticoetxea, alias «Josu Ternera», por un delito de lesa humanidad como máximos responsables de los asesinatos cometidos por la banda terrorista desde octubre de 2004.
YOLANDA RODRÍGUEZ @yolandachucu
El magistrado, que libra una orden de detención internacional contra el exdiputado del Parlamento vasco al encontrarse en «paradero desconocido», propone juzgar, además de a ‘Josu Ternera’, a Garikoitz Aspiazu Rubina, ‘Txeroki’; Mikel de Kabikoitz Karrera Sarobe, ‘Ata’; Aitzol Iriondo Yarza; y Aitor Elizaran Sarasola.
Juan Pablo González analiza la responsabilidad de la cúpula de la organización por los delitos cometidos en nombre de la misma y asegura que en este caso «los máximos dirigentes de los aparatos político y militar de ETA en el periodo investigado tuvieron conocimiento del plan de los delitos cometidos durante su periodo de dirección, impartiendo a los autores materiales las correspondientes instrucciones y habiendo podido intervenir antes de la ejecución para evitar el resultado, lo que aparece con alta probabilidad respecto de atentados de especial significación».
En la resolución judicial, Juan Pablo González, además de detallar todos los atentados cometidos por ETA en el periodo investigado, solicita la detención y el ingreso en prisión de «Josu Ternera», quien se encuentra fugado. Para ello, ha librado órdenes de detención internacional y europea con fines extradicionales.
Los dirigentes etarras tienen un plazo de un día para pagar una fianza cada uno, que tiene carácter solidario. Será de dos millones de euros en el caso de «Josu Ternera»; de cinco millones, en el de «Txeroki»; de siete millones, en el de «Ata»; de seis millones, en el de Iriondo; y de cinco millones, en el de Elizarán.
El juez enumera todos los atentados mortales cometidos por ETA desde octubre de 2004 y atribuye cada uno de ellos a los etarras procesados, como dirigentes. Entre ellos, se encuentran el asesinato del exconcejal del PSOE Isaías Carrasco, tiroteado en la puerta de su casa en Mondragón en 2008; el del empresario Ignacio Uría; el del inspector de Policía Eduardo Puelles; o el de los dos transeúntes fallecidos en el atentado en el aparcamiento de la terminal T4 de Barajas.
Concurren, por tanto, en opinión del juez, los requisitos exigidos para considerar que nos encontramos ante un supuesto de “autoría mediata por dominio de la organización” por cuanto las órdenes se ejecutan sin posibilidad de discusión por los autores materiales, que se limitan a cumplirlas.
En lo que se refiere a la calificación jurídica los hechos analizados, a juicio del magistrado, serían constitutivos de delito de lesa humanidad del artículo 607 del Código Penal que contempla la comisión de delitos de asesinato, traslado forzoso, deportación, entre otros, cuando “dichos delitos de cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o parte de ella y, en todo caso, si los hechos se cometen en razón de la pertenencia de la víctimas a un grupo colectivo perseguido por razones políticas, étnicas, religiosas».
«En este caso -dice el juez- éste es el elemento que los convierte en crímenes contra la humanidad de los que serían autores los procesados” Aspiazu Rubina, con cinco muertes alevosas, Urrutocoechea, con dos muertes, Iriondo, con seis muertes, Elizaran, con cinco muertes, y Carrera, con siete.
