DOS DE LAS TRES asociaciones de fiscales piden a CONSUELO MADRIGAL información sobre la CARGA DE TRABAJO DE LA CARRERA

DOS DE LAS TRES asociaciones de fiscales piden a CONSUELO MADRIGAL información sobre la CARGA DE TRABAJO DE LA CARRERA

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27/10/2015 00:00
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Actualizado: 27/10/2015 00:00
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La Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIE) han dirigido una carta a la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, pidiendo conocer la carga de trabajo real de cada Fiscalía y cómo está distribuida entre los diferentes fiscales. Es su respuesta ante la entrada en vigor de la reforma de la LECRIM, que incrementa la carga de trabajo.

Malena Puig Laporta @mpuiglaporta

Las dos asociaciones quieren, asimismo, que se les «dé traslado de los módulos o  estándares para medir la carga de trabajo de cada fiscal», se les informe del «número de funcionarios que estima la FGE como mínimo debe colaborar con cada Fiscal tanto para el trabajo general como para las especialidades» y si se han dado órdenes «a las Jefaturas para que se asignen estas funciones en cada oficina de Fiscalía».

La UPF y la APIE también pide que se les informe de los «avances que de forma inmediata se vayan a hacer en el sistema informático Fortuny para que pueda colaborar con los Fiscales en el cumplimiento de las funciones que tienen encomendadas y en especial en las que se derivan de este artículo 324 de la LECR de próxima entrada en vigor».

Las dos formaciones recuerdan que «desde hace más de cinco años se viene reclamando que el mismo cuente con modelos que faciliten el trabajo en materia de ejecutorias sin éxito alguno al respecto».

Tanto la UPF como la APIE quieren conocer las herramientas informáticas disponibles «tanto para el control de los plazos de la instrucción como para el acceso virtual a todo cuanto se tramite en el Juzgado/s cuyo despacho tenga cada Fiscal encomendado». Y de los aumentos «de plantilla que se prevé realizar en un corto espacio de tiempo para poder suplir los déficits estructurales de las Fiscalías».

Por último, también demandan de la fiscal general del Estado de la disponibilidad del Ministerio «para atender a dichas peticiones, de la disponibilidad asimismo de las Comunidades Autónomas, y de las concretas partidas presupuestarias movilizadas para tal fin, y un posible calendario para el establecimiento de dichas denominadas mejoras».

Ni la UPF ni la APIE consideran que sea viable la entrada en vigor de la reforma de la LECRIM sin los refuerzos y planificación precisa. El análisis de todos los datos requeridos podría reforzar su punto de vista ante el Ministerio de Justicia, que es quien tiene la última palabra.   

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