En las conclusiones del XXV encuentro de jueces decanos de toda España, estos sostienen que las cuatro últimas reformas de la LECrim «van a tener una eficacia muy limitada y poco o nada va a agilizar el trabajo de los Juzgados» y que buscan más «un titular» que «una ley efectiva».
YOLANDA RODRÍGUEZ @yolandachucu
Unos 50 jueces decanos reunidos desde el lunes en Vigo en su Jornadas Anuales, han señalado que «dichas leyes reconocen expresa y abiertamente en sus disposiciones que no van a suponer dotación o incremento de medios materiales o humanos, lo que implica legislar en el vacío, mediante leyes que difícilmente pueden aplicarse en la práctica con eficacia».
Además, han criticado que se hayan aprobado «con unos periodos de vacatiolegis sumamente cortos sin duda motivados por exigencias desde luego no jurídicas (quizás de oportunidad política), que implican un claro desdén hacia el trabajo de los juristas, ya que impide un estudio sosegado y serio de la leyes».
En sus 16 conclusiones, los jueces decanos analizan la sitiación actual de la justicia, el exceso de carga de trabajo de juzgados y tribunales, la politización de la justicia, la falta de medios materiales y humanos, los nombramientos de altos cargos, la independencia judicial, entre otros asuntos.
TIEMPO DE INSTRUCCIÓN
Los decanos se muestran también muy sorprendidos por la aprobación de otras «medidas poco comprensibles en cuanto que van a tener un efecto sumamente negativo, como lo es el establecimiento de plazos-límite en la instrucción». Un medida que califican «de evidente carácter voluntarista que nada soluciona ni aporta y traslada la idea de que son los jueces los responsables de la lentitud de los procedimientos, cuando su causa radica precisamente en la permanente escasez de personal y medios así como en leyes anticuadas que aplicamos al proceso penal y que, gobierno tras gobierno, nadie se atreve a modernizar», sostienen.
Insisten en que «los tiempos de la instrucción judicial no sólo dependen del trabajo del juez sino de múltiples condicionantes externos al Poder Judicial: en el proceso penal trabajan fiscales, letrados de la Administración de Justicia, médicos forenses, policías, traductores, peritos (tasadores, economistas, informáticos, funcionarios de la AEAT o del Banco de España, Interventores, etc…), y además muchas diligencias dependen de otros órganos judiciales en ocasiones extranjeros (comisiones rogatorias etc…).
Por eso concluyen en que «no por mucho señalar plazos se tramitarán los procesos con mayor agilidad». Señalando que «lo que hacen falta son precisamente medios humanos y materiales e intensificar la cooperación judicial internacional». Es más, incluso el proceso administrativo prevé la suspensión de los plazos si se solicitan informes externos o dictámenes técnicos. En la justicia penal no.
Los decanos consideran «inadmisible», que la prórroga de los plazos de instrucción aparezca monopolizada por el fiscal.
PAPEL CERO
La carrera judicial es favorable a la incorporación de nuevas tecnologías que permitan una gestión moderna y dinámica de la Administración de Justicia. Los decanos insisten en que «el modo en el que se plantea ahora la gestión digital es insuficiente, inadecuada, meramente propagandística» y apuntan que «la improvisación y descoordinación con la que se pretende poner en marcha el expediente digital provocará gravísimas disfunciones».
Por ello, exigen «una moratoria en la implantación de la digitalización plena hasta que se solucionen las deficiencias y se puedan cumplir las previsiones legales».
UN NUEVO SISTEMA JUDICIAL
Acuerdo de Estado por la Justicia, con un plan serio en el que se contemplen medidas a corto, medio y largo plazo, dotándola definitivamente de los medios personales y materiales que precisa una Justicia moderna y eficaz.
Los decanos creen que este momento «no existe una política clara y definida sobre el sistema judicial que se quiere en España», ni siquiera sobre su organización interna y territorial (implantación de la oficina judicial pendiente desde el año 2003, tribunales de instancia, creación o no de nuevos juzgados, supresión o no de partidos judiciales, graves disfunciones en la implantación de nuevas tecnologías etc…). Y subrayan que «se desconoce hacia qué sistema judicial vamos, y los ciudadanos españoles, y sus jueces, necesitamos un plan claro de actuación».
DESIGNACIÓN DE LOS VOCALES CGPJ
Los decanos insisten en que «debe volverse sin demora al sistema originario de designación de los miembros del CGPJ previsto en la Constitución española, alejando al máximo órgano de los jueces de las influencias políticas tanto en el nombramiento de los Vocales como en su funcionamiento, que no favorece en absoluto la independencia judicial». Y concluyen afirmando que «los doce miembros de procedencia judicial deben ser elegidos directamente por los propios jueces y los ocho restantes por el Congreso y Senado entre juristas de reconocida competencia».
Critican también la política de nombramientos de altos cargos por parte del CGPJ ya que según ellos, «no responde al mérito y capacidad que debe presidir en la valoración de los candidatos, sino a criterios subjetivos», por eso exigen «la supresión del actual procedimiento de designación y, en cambio, entendemos que pueden establecerse criterios objetivos».
JUSTICIA GRATUITA
Reconociendo el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción reconocido en el art. 24.1 CE insisten en que «las Administraciones Públicas –Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas- y los Colegios Profesionales concernidos deben consensuar las bases y sistemas económicos para hacer eficaz el derecho de acceso a la jurisdicción de quienes carezcan de recursos para litigar, incluidos los servicios de orientación jurídica previos al proceso, plasmándose normativamente en la futura Ley de Asistencia Jurídica Gratuita».
DESAHUCIOS
Los decanos entienden que es «necesario potenciar la colaboración con las administraciones públicas para que se aborde el problema de las negativas consecuencias de los desahucios de forma que el afectado disponga de la necesaria información sobre posibles alternativas y ayudas en aras a evitar situaciones de exclusión social».