La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha considerado que es «gravísimo» el hecho de que en Cataluña un gobernante plantee el incumplimiento de las leyes. Por ello, entiende que «si hay alguien que considera que la Ley y la democracia están por encima de otras cosas tiene importantes escrúpulos al respecto».
Así ha respondido la vicepresidenta a las discrepancias que se han conocido que existen en el seno de CDC y el Consejo de Gobierno catalán respecto a la propuesta de resolución, aunque ha evitado profundizar más en su respuesta alegando que no sabe que pasó en dicho Consejo.
Sin embargo, Sáenz de Santamaría ha añadido que «cuando uno asume y jura o promete un cargo y de repente se encuentra con que alguien de su propio gobierno está planteando un incumplimiento de la Ley» esto supone «para cualquier gobernante» un «vértigo considerable».
La vicepresidenta ha remarcado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que este planteamiento de que un gobernante proponga incumplir las leyes es «una falta de respeto a la Constitución y al estatuto de autonomía de Cataluña» que el propio político «prometería cumplir». «Es ni más ni menos que faltar al juramento de aquello que prometió cumplir cuando asumió un cargo», ha explicado.
EL GOBIERNO IRÁ AL TC SI SE APRUEBA LA DECLARACIÓN
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha avanzado hoy que el Ejecutivo recurrirá ante el Tribunal Constitucional de manera inmediata si la declaración independentista de Junts pel Sí y la CUP es aprobada en el Parlament catalán, para solicitar su suspensión.
Según la vicepresidenta, en ese caso, lo primero, que hará el Gobierno será invocar el artículo 161 de la Constitución para solicitar al Constitucional la suspensión inmediata de la resolución soberanista.
Aunque ha recordado que algunos grupos han planteado ya iniciativas contra la admisión por parte de la Mesa de la Cámara de la resolución secesionista, pidiendo su reconsideración, unos escritos que si son rechazados puede servir para fundamentar futuros recursos de amparo de los diputados autonómicos sobre la posible violación de sus derechos parlamentarios, de acuerdo con el artículo 23 de la Constitución.