El juez De la Mata procesa a 9 personas por el caso Gürtel en Jerez
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha procesado al presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, a su número dos, Pablo Crespo, y a otras siete personas, por otorgar tres contratos a empresas de la trama mafiosa sin concurso y por un importe total de 355.391 euros.
YOLANDA RODRÍGUEZ
En esta pieza del caso Gurtel, el titular del Juzgado Central de Intrucción de la Audiencia Nacional, ha investigado unos hechos muy concretos y centrados en la adjudicación a empresas de Correa y Crespo la organización de eventos para el Ayuntamiento de Jerez en la feria de Fitur de 2004.
En concreto fueron tres contratos para el montaje del stand, para un espectáculo ecuestre que se celebraría en la Plaza Mayor de Madrid y un espectáculo flamenco en los jardines de Cecilio Rodriguez del parque del Retiro de Madrid. Una contratación directa a tres empresas, sin más trámite, basándose en «decisiones verbales«, por importe de 355. 391 euros.
El auto del juez De la Mata relata cómo las empresas de Correa iniciaron la ejecución de todos los servicios necesarios. Lo hicieron antes de su adjudicación formal por parte del Instituto de Promoción y Desarrollo de la ciudad de Jerez (IPDC) un órgano que no era el competente para ello. Y según explica el magistrado, los contratos y demás documentos administrativos fueron elaborados una vez finalizada la feria Fitur 2004, unos contratos que se lanzaron sin concurso público y en algunos casos como contratos menores y sin publicidad.
El juez individualiza las conductas de los imputados, entre otros el entonces secretario del ayuntamiento de Jerez y las dos interventoras del mismo a quienes les imputa el suscribir distintos documentos administrativos para dar apariencia de legalidad a toda la actuación investigada. Unos expedientes administrativos en los que se incurrieron, según el magitrado José de la Mata, en groseras ilegalidades.
Las empresas adjudicatarias (Special Event SL, Teleaanuncia SA y Down Town Consulting SL) elaboraron los presupuestos de los 3 contratos y presentaron sus ofertas con posterioridad a la celebración de Fitur 2004 y por tanto con posterioridad a la propia prestación de sus servicios, con lo que se demuestra que los expedientes administrativos «se construyeron» en realidad en febrero de 2004 y que «todas las fechas consignadas en todos los documentos obrantes en los mismos son falsas».
Los hechos relatados encajan según el juez, en un delito de prevaricación continuada, en tanto que se produjeron actos actos administrativos decisorios, «objetivamente arbitrarios, todos ellos esenciales, que ampararon una situación en la que se prescindió total y completamente del procedimiento establecido por ley». Un delito que en sentido estricto se imputa a las personas indicadas en la definición legal pero que también se puede atribuir como cooperador necesario a quien con sus actos realiza aportes sin los cuales los hechos no se hubieran podido cometer.
Por ello, según su auto, el juez entiende que «estamos ante una situación de ilegalidad manifiesta que todos conocían cuando autorizaron a las empresas a prestar sus servicios en FITUR 2004, y mucho más cuando, semanas más tarde, prepararon los expedientes administrativos, los pliegos de condiciones, propuestas de adjudicación, contratos administrativos, informes administrativos, formatos administrativos de intervención, etc»
Por lo que «resulta evidente» que «fueron plenamente conscientes de la arbitrariedad de todas las resoluciones, es decir, de que estaba resolviéndose al margen de la ley, dando cobertura a una situación creada más allá de todo procedimiento legal y que provocaba un resultado injusto», asegura el juez.
A partir de ahora las acusaciones disponen de diez días de plazo para solicitar la apertura de juicio oral o en su caso sobreseimiento de la causa.
En su auto, el juez explica que respecto a la ex alcaldesa Maria José García Pelayo, al estar aforada por ser senadora de las Cortes Generales en la presente X Legislatura, la causa está en el Tribunal Supremo, al declararse competente la Sala Segunda, el pasado 9 de septiembre.
