Margarita Robles: «desgraciadamente la Justicia no es una prioridad para las fuerzas políticas»

Margarita Robles: «desgraciadamente la Justicia no es una prioridad para las fuerzas políticas»

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06/11/2015 00:00
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Actualizado: 06/11/2015 00:00
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La magistrada del Tribunal Supremo, Margarita Robles, afirma que «desgraciadamente la Justicia no es una prioridad para las fuerzas políticas», quienes solo se preocupan de ella cuando los que «detentan el poder» tienen que «comparecer ante los Tribunales y se abren, o se siguen contra ellos los oportunos procedimientos».

YOLANDA RODRÍGUEZ

Así de contundente se mostró la ex vocal y magistrada del Supremo, Margarita Robles, en el marco del III Encuentro Nacional de la Sociedad Civil. En cuya mesa sobre «La reforma de la Justicia», presidida por Luis Martí Mingarro, antiguo decano del Colegio de Abogados de Madrid, participó junto a Juan Ortíz Úrculo, ex fiscal General del Estado y Juan Gonzalo Espina, presidente de la Asosciación de Jóvenes Abogados de Madrid (AJA Madrid).

En su intervención, Margarita Robles se mostró muy crítica con la gestión del Gobierno en Justicia, afirmando que «esta legislatura es uno de los ejemplos de lo que no debe ocurrir con la Administración de Justicia». Y calificó de «incomprensible» las numerosas reformas de calado que se han llevado a cabo «con el voto del partido que sustenta al Gobierno, y con la patente e inequívoca oposición de las demás fuerzas parlamentarias», como la reforma del Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de reforma del Poder Judicial o la reforma express del Tribunal Constitucional.

Robles ha elogiado el trabajo y la independencia de los jueces españoles y ha requido incidir que los jueces «en el ejercicio de la jurisdicción, son independientes de las injerencias del poder político». Aunque aquí ha querido dejar claro que «el Consejo General del Poder Judicial, es un órgano altamente politizado, lo que sin ninguna duda, incide negativamente en la imagen de la Justicia». Por ello, ha incdicado que tiene que haber «una reconsideración en profundidad del CGPJ para que de verdad quede al margen de las fuerzas políticas, y se convierta en verdadera garantía de la independencia judicial». «Ahora no lo és», ha puntualizado.

Margarita Robles también ha puesto de relieve «el inequívoco compromiso de jueces, fiscales y funcionarios, en materias tales como la lucha contra la corrupción, o en el ámbito social con relación a los desahucios injustos y a las cláusulas bancarias abusivas».  

Por ello, ha exigido «dotar a la asistencia jurídica gratuita de los medios personales y económicos necesarios para que los abogados del turno de oficio puedan desarrollar, en unas condiciones mínimas de dignidad profesional, su trabajo en defensa de los derechos de los ciudadanos más desfavorecidos». 

Por supuesto, no ha querido dejar la oportunidad de reclamar más medios para la Justicia, pero eso sí, de forma lógica. Ya que «no se puede seguir gastando 27.000.000 de euros en la remodelación de la Audiencia Nacional o en proyectos frustrados como el de la Ciudad de la Justicia en Madrid, cuando los juzgados y fiscalías están absolutamente atascados en algunos órdenes jurisdiccionales. Se impone, con toda urgencia, un incremento de las plantillas de jueces, fiscales y demás funcionarios al servicio de la Administración de Justicia».

Luis Martí Mingarro, que ejerció de moderador, hizo una valoración general del la situación de la Justicia y de la Abogacía, de la que resaltó su lucha para la «derogación de las tasas».

Por su parte, Juan Ortíz Úrculo, ex fiscal General del Estado, y socio de Cremades y Calvo Sotelo, también se mostró muy crítico con la actual situación de la Justicia. Tras hacer un breve repaso por todas las leyes de Enjuicimiento Criminal, ha resaltado la «necesidad de hacer un pacto de Estado por la mejora de la Justicia»

Por último, Juan Gonzalo Espina, presidente del AJA-Madrid, ha asegurado «que la Justicia está actualmente enferma» y para reforzar esta idea ha incidido en tres cuestiones principales:

– Por una parte, «la necesidad de despolitizar el Consejo General del Poder Judicial y que los 12 vocales de ascripción judicial deben ser elegidos entre jueces y magistrados»; 

– Por otra, «realizar una reforma del Tribunal Constitucional para convertirla en una cámara completamente blindada a cualquier injerencia política«;

– Y por último, de la «necesidad de contar con una leyes eficientes y eficaces, que respeten los derechos fundamentales», para ello ha puesto como ejemplo el artículo 14 de la Contitución donde se asegura que todos somos iguales ante la Ley. Sin embargo, ha indicado que «la Ley 30/92 establece la presunción de veracidad de la Administración Pública», «un privilegio del que no gozan los ciudadanos», ha puntualizado.

Al ser preguntado sobre que podría hacer la sociedad civil para cambiar algo la Justicia ha respondido que «si los 50.000 abogados jóvenes nos unimos podríamos cambiar la Justicia de España y con ello el rumbo de nuestro país».

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