La juez archiva la investigación por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar

La juez archiva la investigación por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar

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09/11/2015 00:00
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Actualizado: 09/11/2015 00:00
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La juez Patricia Fernández ha archivado la investigación sobre el concurso de la adjudicación de la explotación de la mina de Aznalcóllar por parte de la Junta a a la empresa Minorbis-Grupo México al no apreciar indicios de prevaricación.

La juez acuerda que se archive la causa, en la que había siete imputados, entre ellas la ex directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía María José Asensio Coto, que fue apartada de su cargo tras la imputación judicial.

La juez abrió la investigación del caso después de la denuncia presentada el 2 de marzo de 2015 por la otra empresa finalista del concurso, Emerita Resources, que apreciaba que en la concesión se cometieron los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociación ilegal.

En el auto, que tiene fecha del 6 de noviembre, la juez explica que en la concesión de la mina, realizada el 20 de febrero de 2015 por parte de la Junta de Andalucía, no existen indicios que sustenten la existencia de un acuerdo previo entre los miembros de las mesas técnica y de contratación para amañar el concurso y que tampoco ha quedado demostrado el supuesto tráfico de influencias entre la Administración andaluza y el grupo empresarial cordobés. » 

Según indica la magistrada en su resolución, hay que concluir que el procedimiento fue correcto y que tampoco hubo prevaricación. Ello a pesar de las apreciaciones iniciales tanto de la propia juez como la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que ahora corrige la magistrada.

Esto no quiere decir que no puedan haberse producido irregularidades de ámbito administrativo que, en cualquier caso, no corresponden a un juzgado de instrucción delimitar. 

La juez explica que su decisición puede ser recurrida ante la Audiencia de Sevilla, que el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones se acuerda con independencia de que haya que actuar por la vía de lo contencioso administrativo.

«En principio, hemos de concluir que el procedimiento observado ha sido el correcto», afirma la juez antes de recordar que se hizo «teniendo en cuenta además que, con carácter previo, había sido una normativa específica aprobada ad hoc la que regía en este concurso».

Por su parte, Juan Carlos Alférez, abogado defensor en la causa de las minas de Aznalcóllar,vha destacado este lunes que el archivo de la investigación decretado por la juez de Instrucción número 3 «es un ejemplo del buen funcionamiento del sistema».

A su juicio, «el criterio y buen hacer profesional de fiscal y magistrada al decretar con rotundidad que las meras sospechas de irregularidades administrativas no tienen por qué ser equivalentes a sospecha de delito, debería aplicarse a muchos de los casos mediáticos actualmente abiertos, donde las defensas venimos apreciando una clara desmesura en el uso y abuso de la jurisdicción penal para fines que no le son propios, demostrándose así que el simple hecho de ser imputado en un proceso penal, no es sinónimo ni de culpabilidad ni de condena». (CONFILEGAL/EP)

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