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Manuela Carmena analiza junto a jueces y fiscales el problema de la corrupción

Manuela Carmena analiza junto a jueces y fiscales el problema de la corrupción

12 / 11 / 2015 00:00

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La alcaldesa de Madrid, la ex jueza Manuela Carmena, ha sido la encargada de inaugurar una jornada donde jueces, fiscales, personal de la ONIF y periodistas abordan de una forma multidisciplicar la investigación de la corrupción. Expertos en prevención e investigación han analizado este tipo de delitos.

YOLANDA RODRÍGUEZ

En esta jornada organizada por Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, se han incluido varias mesas de debate sobre la importancia y prioridad de la prevención en el combate a la corrupción y la investigación periodística, policial y fiscal y judicial de este tipo de delitos.

Carmena, quien ha reconocido la labor de jueces y fiscales, ha querido destacar la importancia de la sociedad en la lucha contra la corrupción. Se trata de un problema «social» y hay que abordarla con «una visión plural».

Y ha asegurado que «los eslóganes de tolerancia cero» en cuestiones como corrupción o terrorismo «quedan muy bien» pero «no quieren decir nada» y lo que hay que hacer es ser «valientes» y ser capaces de introducir «matices» ya que, parafraseando a un politólogo americano, es «malo que ante problemas complejos haya siempre unanimidad».

Carmena también ha hecho una crítica al lenguaje jurídico utilizado y a la informatización de la justicia. Y ha asegurado que «desgraciadamente, la utilización de la informática que se hizo hace ya mucho tiempo, en los años 80», pero ha puntualizado que «lo que informatizamos fue el siglo XIX y seguimos trabajando, eso sí, con grandes dispositivos, con una alta calidad, pero con el siglo XIX por delante».

Por su parte, Begoña López, magistrada de Jueces para la Democracia (JpD), ha señalado que «la corrupción ataca al sistema democrático», pero que ésta se puede «atacar y combatir» especialmente a través de la transparencia. «La actividad pública tiene que ser una actividad transparente.

La opacidad solo da lugar a ser caldo de cultivo para la corrupción». Sin embargo, ha matizado que, «actualmente, nos encontramos con sistemas muy deficientes» Y ha puesto como ejemplo al Tribunal de Cuentas «que no puede emitir los informes en tiempo y que no tiene competencias suficientes», señala López.

PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

En la segunda mesa, dedicada a la prevención de la corrupción, el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Carlos Varela, ha insistido en «la necesidad de que la justicia se adapte a los nuevos tiempos».

Varela ha analizado los distintos tipos de corrupción que tenemos: Una corrupción de mercado o del poder (contratación pública, privatizaciones, fraude en las subvenciones); lo que ha denominado como «corrupción parroquial» (relacionada con la proximidad y que maneja recursos simbólicos relacionada con el clientelismo); la directa (corrupción de funcionarios, por ejemplo, cuando perdonan unas multas) y la tolelada socialmente (más conocida como «enchufismo»). 

Ha destacado el papel de la prevención en asuntos de corrupción porque «cuando aparece el acto corrupto han pasado ya tres o cuatro años. Esto se puede ver muy bien en los grandes casos de corrupción». 

«Estamos en un modelo decimonónico que no es capaz de dar una respuesta pronta a la criminalidad compleja. Somos muy rápidos en la criminalidad «roba peras», pero enlas operaciones complejas no».

En nuestro Código Penal existen múltiples tipos penales para la corrupción (tráfico de influencias, prevaricación, malversación de caudales públicos, negociaciones prohibidas a funcionarios, cohecho, soborno o blanqueo de capitales).  

Posteriormente, Varela comentó algunos mecanismos concretos en materia de prevención de la corrupción como los impuestos por el GRECO, pero ha indicado que «el instrumento internacional más importante la Convención de Mérida (México), de 2003». Que pasa a formar parte de nuestro ordenamiento interno en septiembre de 2005. «De sus 70 artículos, 10 están dedicados a la prevención de la corrupción, el capítulo II». 

DELITOS ECONÓMICOS

Más tarde, en la parte dedicada a los problemas de opacidad en los datos y dificultades legales para la obtención de pruebas, Carlos García-Berro, fiscal de la Sección de Delitos económicos de la Fiscalía de Madrid, ha centrado su ponencia en los problemas de opacidad para conseguir datos y en las dificultades legales para la obtención de prueba.

García-Berro ha incidido en la necesidad de acudir algo más que al Boletín Oficial de Estado para legislar.

Y para ello ha hecho mención a la exposición de motivos de la Ley de 14 de octubre de 1882, de Alonso Martínez. «Sin embargo, ni en el estado económico del país consiente por ahora, más de lo que el Gobierno propone, ni el esfuerzo hecho es tan liviano que no merezca algún aplauso, y que no permita esperar tranquilamente mayores y más fáciles progreso en su próximo porvenir».

De esta exposición de motivos, se desprende que «la inversión de justicia es insufienciente pero se nos recomienda que esperemos tranquilamente». Ahora, «más de 130 años después, seguimos en el mundo paralelo del Boletín Oficial del Estado. En España si lo dice el Boletín Oficial del Estado es que es verdad. Si quiero cambiar la realidad me voy al BOE «.

Con ello, se ha reformado la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), «como la justicia penal es muy lenta voy a decir en el BOE que tiene que ser ágil, rápida y eficaz». Y claro, para eso se fijan plazos. «Esto se va a terminar en 6, como mucho, en 18 meses, cuando sea compleja».

La LECrim también tiene una disposición adicional, que establece que «Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones de personal, ni retribuciones, ni de otros gastos de personal», según el fical de UPF.

Además, García-Berro, puntualizó que «con estos afanes reformistas de coste cero se ha creado también, por Real Decreto, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos», cuyo artículo 11 dice «que podrá llevar acabo (…) las actuaciones de investigación que procedan en cada caso». «Para ello inauguran un local vacío, cortan la cita y se vuelven para casa», concluye.  

Ha señalado que los fiscales tienen muchas dificultades para realizar su labor, porque carecen de medios.

Y ha puesto como ejemplo el trabajo del SEPBLAC, que en muchas ocasiones suministra a la Fiscalía una «información simplemente inútil», a efectos procesal-penal. «Tiene un caracter confidencial, como no podría ser de otra forma, pero nunca revela la identidad de los analistas de inteligencia que intervienen en la eleboración de los informes de intelgencia financiera».

Incluso, fue más allá al señalar que el SEPBLAC se ha convertido en una especie de «chivato», que no nos sirven desde el punto de vista de la investigación penal.

En este mismo sentido, Ignacio García Villanueva, inspector del la ONIF (Oficina de Investigación del Fraude), ha detallado las cinco herramientas más utilizadas en el fraude fiscal, ya que casi todos los detitos económicos llevan aperejados en muchas ocasiones el fraude fiscal.

«El que obtiene un reta ilícita quiere llevarse el 100 por cien de la renta, no quiere al Tesoro Público el impuesto correspondiente. Se autoinculparía, posiblemente», señala García Villanueva.

Reseñó que hay actualmente unos 48 paraísos fiscales, de los que dos terceras parte son británicos y holandesdes. Y ha puntualizado que es muy «complicado combatir la delincuencia económica por su excesiva complejidad» y por su «gran opacidad». 

Existen multitud de sociedades ficticias, sociedades pantallas, sociedades simuladas, sociedades interpuestas, «que se crean simultáneamente, de manera opaca, para emitir facturas falsas o que buscan que no se conozca quien el dueño del patrimonio», según Garcia Villanueva.

Ha querido resaltar que «el legislador ha pecado a veces de buenismo, de un cierto espiritu liberalizador, y ha permitido determinadas actuaciones, como adquirir una vivienda o abrir una cuenta bancaria sin aportar el Número de IdentIficación Fiscal (NIF)». 

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