La nueva ejecutiva de la APM promete «línea directa» con sus asociados
La nueva ejecutiva salida del Congreso de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) comienza a implementar el programa de 55 puntos aprobado, que contempla más participación, más comunicación directa y más democracia interna. Es parte del programa de medidas aprobado en Logroño. Las medidas del «cambio» que trae Manuel Almenar y cuyo lema es «¡Despierta APM!».
CARLOS BERBELL.
«Con carácter previo a las reuniones que puedan tener lugar en el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia o cualquiera otras instituciones, se informará a los asociados de su celebración, y, en su caso, de la posibildiad de proponer o sugerir ideas de cara a su contenido. A su término, se ofrecerá información sobre su resultado y alcance», dice la primera de las 55 medidas del cambio propuesto .
Las nuevas tecnologías van a jugar un importante papel en la organización interna de la APM: «Cuando, en el período entre congresos, se plantee una cuestión que, por su relevancia o por la extensión del círculo de posibes afectados, aconseje pulsar la opinión de los asociados, el comité ejecutivo, por sí o a instancia de la comisión permanente, recabará el parecer de los asociados vía correo electrónico o mediante la apertura del correspondiente foro en la página web».
Muy relevante tambien es el compromiso de la ejecutiva que capitanea Almenar de buscar fórmulas «para facilitar la presencia en el Congreso de los asociados que lo deseen, combinando la democracia representativa con la voluntad de participación en la construcción de la Asociación».
Y más aún su determinación de que «la presidencia de la APM será elegida por sufragio universal entre todos los asociados, sean o no compromisarios». Este sí que es un cambio de 180 grados con respecto a cómo se elige ahora al máximo responsable de la APM.
SOBRE LA CARRERA
La nueva ejecutiva tiene claro que hay que suprimir la fase de sustitución y refuerzo que impera en la actualidad y reducir la formación incial a un año.
Sobre los jueces de Adscripción Territorial (JATs), la APM afirma que debe hacerse «una regulación, legal y no reglamentaria» de esta figura, de forma que se asegure la «inamovibilidad, la preferencia de la cobertura de plazas vacantes, una permanencia temporal mínima, un control por las Salas de Gobierno, una delimitación territorial adecuada y una dotación económica suficiente».
Por otro lado, la APM apuesta por la implantanción de los Tribunales de Instancia, con una distribución territorial y dividios en secciones presididas por el juez más antiguo. «Al frente del Tribunal existirá un decano, con funciones análogas a las actuales», se puede leer en la medida específica.
PRESENCIA DE LA APM
La Asociación Profesional de la Magistratura, como «casa común de los Jueces, ha de acudir adonde sea llamada o exista un tema que afecte a los Jueces; sentarse en cuantas mesas o reuniones aborden cuestiones que afecten al Poder Judicial o a la carrera judicial y dar su opinión y ofrecer su trabajo sin complejos, porque creemos en nuestro mensaje».
El nuevo presidente quiere que la APM esté en todos los foros en los que se susciten cuestiones de interés profesional, que afecten al modelo de juez o a la defensa de los compañeros. E invita a sus miembros a participar.
En este sentido, «organizará una academia de preparación gratuita de futuros Jueces en condiciones económicas adversas y ofrecerá las charlas y cursos destinados a los más desfavorecidos que considere oportuno».
NO SON UNA CORREA DE TRANSMISIÓN DEL PARTIDO EN EL PODER
«La APM», dice en otro punto, «debe situarse al margen de cualquier tipo de discusión política entre los partidos políticos. Cualquier manifestación al respecto que haga la APM puede poner en duda su independencia y, por ende, la de todos los asociados que la componen. No somos una correa de transmisión del partido en el poder».
La APM sólo está comprometida con su ideario y con sus asociados.
Por ello, insta a los partidos políticos a un «Pacto de Estado por la Justicia que evite que se convierta o utilice como elemento de confrontación, salvaguarde la separación de poderes y permita fijar las líneas de consenso necesarias para garantizar una Administración de Justicia, debidamente dotada de medios y con la calidad, eficacia y agilidad que merecen los ciudadanos».
ACABAR CON LA POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA
La APM afronta el problema de forma directa. Identifica, en otro punto del documento del «cambio», el foco de la «politización de la justicia»: la elección de los 12 vocales de procedencia judicial por el Parlamento.
Y reivindican el que ha sido siempre su planteamiento: «Los vocales judiciales deben ser elegidos directamente por los Jueces si queremos arrumbar la apariencia de politización que lastra el órgano de gobierno».
«Esa misma apariencia de politización aparece con motivo de la política de puertas giratorias. Es evidente que los Jueces, por su formación y experiencia, pueden hacer un gran papel desde algunos puestos políticos. Pero hay que reconocer que, el que un Juez vaya a la arena política y, al terminar, regrese al ejercicio de la función jurisdiccional, es un elemento que levanta suspicacias e incide directa y muy negativamente en la credibilidad de la Justicia», continúa el documento.
«En la búsqueda de un equilibrio, se propone que los Jueces que hayan ocupado cargos de singular relieve político, a su regreso no puedan optar a puestos de carácter discrecional o entre cuyas competencias se encuentre el enjuiciamiento de personas aforadas, durante un plazo prudencial».
