El Supremo confirma 18 años de cárcel por la agresión sexual a niña grabada con un móvil

El Supremo confirma 18 años de cárcel por la agresión sexual a niña grabada con un móvil

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16/11/2015 00:00
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Actualizado: 16/11/2015 00:00
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La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 18 años y 10 meses de cárcel para un joven que obligó mediante amenazas a una niña de 14 años a hacer una felación a tres jóvenes, entre ellos él mismo, en Torrent (Valencia). Un acto que además grabó con el móvil.

YOLANDA RODRÍGUEZ

La sentencia del Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado Cándido Conde-Pumpido, condena el comportamiento brutal, repulsivo y mafioso del condenado, y rechaza íntegramente su recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia de Valencia que le impuso la condena. 

Sostiene que «El comportamiento del recurrente (Ángel Domínguez), amenazando a la víctima de catorce años de edad con hacer públicas supuestas imágenes sexuales suyas para obligarla a tener relaciones con él, y aprovechando la cesión de la menor ante las amenazas, para imponerle que tuviese relaciones con penetración bucal con otros amigos suyos, no solo es repulsivo y de una acentuada brutalidad, sino que integra, al menos, el delito continuado de agresión sexual intimidativa y con penetración, objeto de condena».

El condenado renoció también en el jucio que después de haber salido en alguna ocasión con la menor la amenazó con la publicación de fotografías sexuales suyas, que en realidad no existían pero que él la convenció que podía lograr mediante un montaje, para que accediese a tener relaciones sexuales forzadas con él. Además, le envió varios whatsapp por teléfono móvil, en los que además de insultarla llamándola “zorra, guarra y puta”.

Finalmente, cuando la joven accedió a mantener relaciones sin ser vistos por terceros, éste llevó a otros jóvenes, que ya han sido condenados por sentencia de conformidad después de admitir los hechos, para que aprovechasen la ocasión, forzándola con su amenaza a practicarle una felación a cada uno de ellos.

Unos hechos que el propio condenado ha reconocido, porque no la primera amenaza que ejerció sobre la jóven era mentira, carecía de fotos sexuales comprometedoras para la menor que exhibir. Por ello, aprovechó esta nueva ocasión para grabar un video de una de las felaciones, sin conocimiento ni consentimiento de la menor, para su utilización posterior. Y consta por su propio reconocimiento que utilizó este vídeo para una segunda amenaza, donde le solitaba 100 euros. 

Llegó a decirle descarnadamente a la menor, que eligiese como pagarle el vídeo, “con carne o con dinero”, actitud mafiosa difícilmente calificable.

La menos, ante esta nueva amenaza, «le contó a una amiga lo sucedido, y después a su madre, denunciándose los hechos».

Por todo ello, la Audiencia Provincial de Valencia condenó a Ángel Domínguez a18 años y 10 meses de cárcel por un delito continuado de agresión sexual, de un delito contra la intimidad y de un delito de amenazas.

Sentencia que ha confirmado ahora el Supremo.

DOBLE VICTIMIZACIÓN

Entiende la Sala que «las preguntas denegadas por la Presidencia son irrelevantes, y han sido razonablemente inadmitidas, pues no debe causarse aún más daño a la menor, provocando su victimización secundaria. El número de veces que la víctima hubiese salido con el acusado, con anterioridad a su chantaje, es impertinente pues fuesen pocas o muchas en ningún caso podrían aminorar la responsabilidad del recurrente ante un comportamiento como el enjuiciado»

También descarta conocer «si la víctima había perdido su virginidad, y a qué edad, es un dato que forma parte de su intimidad, y que no es relevante para el enjuiciamiento de una agresión forzada ni puede ser obligada la menor a manifestarlo en público como pretendía la defensa del recurrente, por lo que la pregunta es impropia de la naturaleza de la prueba testifical».

Por último, mantiene el Trbunal Supremo que carece de relevancia averiguar «si la menor había estado previamente en la caseta donde fue citada y agredida por el recurrente y los demás condenados», ya que «no tiene ninguna influencia para el enjuiciamiento de los hechos ya que no se trata aquí de desvelar las relaciones que voluntariamente pudo mantener la víctima con otros jóvenes, en uso de su libertad, sino si en el caso actual fue forzada a mantenerlas, lo que tanto el acusado como los menores ya enjuiciados han reconocido».

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