La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), confía en que el tercer proyecto de la Ciudad de la Justicia, el que supuestamente va a abordar el gobierno autonómico liderado por Cristina Cifuentes, sea el definitivo, tras dos proyectos fallidos que han costado muchos millones de euros a los madrileños.
YOLANDA RODRÍGUEZ.
Juan José Carral, presidente del sector Justicia del CSIF, «confía en que de una vez una vez por todas se deje de marear la pediz y que éste sea el proyecto definitivo».
Y apunta que «ahora es el momento de replantearse si la solución es reubicar todos los órganos judiciales de Madrid capital en un único espacio, como puede ser el de Valdebebas, o reagrupar las sedes judiciales de diferentes jurisdicciones en un mismo espacio físico, tal y como se ha planteado hasta ahora en Valdebebas; o bien, si no sería preferible agrupar los órganos judiciales por jurisdicciones, sin que todas (civil, penal…) tengan por qué estar en el mismo lugar. Aunque asegura que «todo lo que conlleva la reagrupación redundará en una reducción de costes».
La Comunidad ha gastado 105 millones en la obra, de la que solo se ha construido un edificio que está sin utilizar. Ayer, la Comunidad de Madrid confirmó que renunciaba al antiguo proyecto de la Ciudad de la Justicia.
Por todo ello, desde el CSIF Justicia Madrid insisten en que el nuevo proyecto debe contar necesariamente con la opinión de los trabajadores, los cuales conocen mejor que nadie las deficiencias y necesidades de la Administración de Justicia en la Comunidad.
No obstante, esta central sindical considera que existen otras prioridades para que este servicio público funcione en nuestra región de acuerdo a los parámetros de un país desarrollado. Y asegura Carral «que la administración de justicia de Madrid tiene unas carencias muy importantes y que la Ciudad de la Justicia no va a ser la panacéa».
Desde el CSIF consideran prioritario la mejora en infraestructuras («las sedes judiciales no cuentan con unas condiciones mínimas para desarrolar su actividad laboral») o la inversión en medios materiales e informáticos, apunta que actualmente la Comunidad de Madrid está escatimando hasta los bolígrafos», según Juan José Carral.
Además, insisten es que es prioritario la cobertura de 550 plazas que actualmente se encuentran vacantes en los distintos órganos judiciales de la Comunidad, sí que son tareas que el Ejecutivo regional debe abordar de manera inmediata. «Son 550 mesas que están libres y repartidas por toda la Comunidad de Madrid y eso agrava la situación».
Respecto a los medios tecnológicos «estamos a la altura de países en vías de desarrollo», y concluye que «la situación es límiete en todos los sentidos», según Carral.