La Fiscalía del Tribunal Supremo ha remitido al alto tribunal su informe sobre la competencia de la causa en la que se investiga el patrimonio del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y ha solicitado que el procedimiento permanezca en el Juzgado de Instrucción 31 de Madrid, que asumió la instrucción tras la detención del exministro de Economía el pasado mes de abril.
Según indica el Ministerio Público en su escrito, la documentación consultada conduce a pensar que «los hechos investigados podrían ser presuntamente constitutivos de delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales» y existen «sólidos indicios» de que habrían empezado a cometerse en territorio español.
El fiscal del Supremo Ignacio Campos contradice a lo defendido por la Fiscalía Anticorrupción que, de acuerdo con la tesis de Serrano-Arnal, solicitó que la causa la asumiera la Audiencia Nacional, concretamente el juez Fernando Andreu, ante las sospechas de que el exministro de Economía ha blanqueado dinero en el exterior.
El Supremo ha designado como potente de la resolución al magistrado Manuel Marchena. Ahora que el Ministerio Público ha remitido su informe, éste elaborará una propuesta que será debatida por un Sala compuesta por tres jueces.
El magistrado imputó este lunes al exconsejero de Bankia y exsecretario de Estado de Hacienda, José Manuel Fernández Norniella. Tras iniciar, a la vuelta de sus vacaciones, una nueva ronda de declaraciones, atribuye la comisión de delitos contra la Hacienda Pública, de blanqueo de capitales y de corrupción entre particulares a otras dos personas más a las que también ha interrogado en su Juzgado, lo que eleva el número total de imputados a 14.
Serrano-Arnal investiga el patrimonio de Rato y se centra en tres líneas básicas que confluyen en la empresa Kradonara, de la que el exvicepresidente es «el beneficiario último» a través de la sociedad británica Vivaway y que fue constituida por otro de los imputados, el abogado y presunto testaferro Domingo Plaza. (CONFILEGAL/EP)