El juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González investigará a 76 presos de la banda terrorista ETA, entre ellos a históricos como Iñaki de Juana Chaos, Inés del Río, Francisco Múgica Garmendia, alias ‘Pakito’, o Domingo Troitiño, por falsificar títulos universitarios para obtener beneficios penitenciarios y redimir sus condenas.
YOLANDA RODRÍGUEZ
El magistrado admite a trámite una denuncia presentada por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) con el informe favorable de la Fiscalía, al considerar que los hechos podrían ser constitutivos de un supuesto delito de terrorismo y otro de uso de documento falso.
En su auto, el juez se dirige a la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) a fin de que aporten los certificados, «firmados y sellados por el tribunal colegiado», que presentaron para hacer el examen de Selectividad o acceder a la formación universitaria a través del curso de acceso para mayores de 25 años.
Solicita al Servicio de Información de la Guardia Civil que emita un informe «sobre la falsedad de las vías de accesos (selectividad, mayores de 25 años y curso posterior)», así como sobre la pertenencia de los etarras denunciados al llamado frente de cárceles o frente de makos de ETA.
Covite también ha denunciado al histórico miembro de ETA José Antonio López Ruiz «Kubati» e Iñaki Arakama Mendia «Macario».
Además figuran Valentín Lasarte, ya en libertad tras ser condenado por el asesinato del concejal del PP en San Sebastián Gregorio Ordóñez; Juan Luis Aguirre Lete, Inés del Río, Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, Francisco Múgica Garmendia «Pakito»; o Domingo Troitiño Arranz, entre otros.
En su denuncia, Covite aportó pruebas de que se utilizaron DNI con números falsos -varios de ellos tienen números correlativos-, se duplicaron números de identificación o se obtuvo la selectividad años después de cursar presuntamente los estudios universitarios.
La asociación de víctimas del terrorismo sostiene que en muchos de los supuestos denunciados los presos utilizaron esos documentos falsos (titulos universitarios) para beneficiarse de la derogación de la doctrina Parot y ser excarcelados.
Según Covite ni siquiera constan los documentos que acrediten haber cumplimentado las vías de acceso a la universidad por lo que piden que se presenten las actas firmadas y selladas por el Tribunal Colegiado.
Covite argumentó en su denuncia que los presos y expresos denunciados han cometido un delito de uso continuado de documentación falsa descrito en el artículo 393 del Código Penal.