El Gobierno se planteó acabar con las “puertas giratorias” en la Justicia

El Gobierno se planteó acabar con las “puertas giratorias” en la Justicia

|
20/11/2015 00:00
|
Actualizado: 20/11/2015 00:00
|

Al Gobierno le ha sentado peor que mal que Juan Pedro Yllanes, el presidente del tribunal que tiene que juzgar a la infanta Cristina, Urdangarín y 15 personas más, se vaya de número 1 de Podemos por Baleares. El ministro del ramo, Rafael Catalá, le dio vueltas a acabar con las “puertas giratorias” en la justicia, pero, tras hablar con las asociaciones, plegó velas y optó por la «regulación».

CARLOS BERBELL.

Podemos cantó bingo cuando Yllanes les dio el sí a su propuesta de ir de número 1 por Baleares, después de que el juez José Castro, el instructor del caso Nóos, les diera calabazas. Antes, la formación de Pablo Iglesias, había fichado a otra juez, Victoria Rosell, como candidata por la provincia de Las Palmas de Gran Canaria.

El enfado del PP, en el caso de Yllanes, sólo es comparable al cabreo que se cogieron cuando se enteraron de que Podemos también había captado al general Julio Rodríguez, exJEME bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Porque los tres fichajes le permiten argumentar a esta formación que no son un partido de extremistas y desarrapados sino de gente seria que se rodea de jueces y militares de probada honradez. Eso es oro en el tiempo preelectoral que vivimos.

El ministro Catalá es consciente de que ya está fuera de tiempo. De que no hay ninguna posibilidad de “regular”, por ley, las “puertas giratorias” en la justicia. Puertas de las que el Partido Popular ha abusado, como el que más.

Igual que el PSOE.

[[{«type»:»media»,»view_mode»:»media_large»,»fid»:»34979″,»attributes»:{«alt»:»»,»class»:»media-image»,»height»:»320″,»typeof»:»foaf:Image»,»width»:»480″}}]]

A Catalá no le consta que en el programa electoral del PP vaya ninguna propuesta que impida la vuelta de jueces que se han dedicado a la política, pero considera fundamental que se preserve la independencia del poder judicial y la neutralidad política.

Hay ocasiones, según el ministro, “en las que desaparece esa neutralidad en clara manifestación de cercanía, básicamente cuando un juez participa en un proceso electoral bajo unas siglas determinadas». Léase Yllanes.

Por ello Catalá cree que, en esos casos de «puertas giratorias» en la Justicia, habría que regularlas “con mayor intensidad”.

Y ahí dejó la cosa.

MEMORIA SELECTIVA

Seguramente al ministro se le olvidó que el PP lleva de número 1 por Sevilla a Juan Ignacio Zoilo, juez en excedencia, lo mismo que Manuel Altava, número 2 al Senado por Castellón.

Además, Catalá cuenta en su equipo con un juez, Ricardo Conde, director general de Relaciones con la Administración de Justicia, un magnífico gestor que “heredó” del equipo de Alberto Ruiz Gallardón, en el que había dos jueces más: Fernando Román, secretario de Estado, y Joaquín Silguero, secretario general de la Administración de Justicia.

Anteriormente, el PP también contó, durante ocho años, con los servicios del actual presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, que fue, entre 1996 y 2004, director general con tres ministros de Justicia sucesivos: Margarita Mariscal de Gante, Ángel Acebes y con su sucesor, José María Michavila. Toda la “era Aznar”. 

A nivel autonómico, el PP cuenta con jueces en excedencia en sus filas, como Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla-León, quien antes había sido subdelegado del Gobierno en León. Suárez-Quiñones fue, durante mucho tiempo, juez decano de León.

La formación de la gaviota sobre fondo azul también contó en el pasado con Fernando de Rosa, consejero de Justicia de Generalitat valenciana, que después se convirtió en vicepresidente del CGPJ; actualmente presidente de la Audiencia Provincial de Valencia. O Eloy Velasco, actualmente titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, azote de la corrupción, que fue director de Justicia en Valencia. O Emilio Moya, presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, que fue viceconsejero de Justicia por el PP, a comienzos del 2000.

El PSOE también cuenta con jueces en sus listas electorales, como Juan Carlos Campo, secretario general de Relaciones con el Parlamento Andaluz, exsecretario de Estado de Justicia con Francisco Caamaño, y exvocal del CGPJ, que se presenta como candidato, número 3, al Congreso de los Diputados por Cádiz. O Lola Galovart, esposa del también juez Ventura Pérez Mariño, que acompañó a Baltasar Garzón en la aventura política de 1993.

Galovart va como número 1 por Pontevedra.

Al igual que el PP, el PSOE ha tenido la colaboración de jueces, como José Antonio Alonso, que fue ministro del Interior, primero, y luego de Defensa, bajo los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, hoy destinado en la Audiencia Provincial de Madrid, o José de la Mata, magistrado del Juzgado Central de Instrucción 5, que fue director general de Modernización de la Justicia con Campo, con Francisco Caamaño como ministro.

O Ignacio Sánchez Yllera, actualmente magistrado de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid, que fue jefe de Gabinete de María Teresa Fernández de la Vega, también juez, cuando fue vicepresidenta del Gobierno. 

O el archiconocido caso de Margarita Robles, magistrada del Tribunal Supremo, exvocal del CGPJ y secretaria de Estado de Interior con el último Gobierno de Felipe González. 

Juan Alberto Belloch, biministro de Justicia e Interior con Felipe González entre 1993 y 1996, y alcalde de Zaragoza entre 2003 y 2015, ha vuelto a ser juez, después de 22 años en la política, en una de las Secciones de la Audiencia Provincial de esa ciudad.

Y podríamos seguir enumerando más jueces por ambos partidos, que en el pasado dieron el salto a la política y regresaron después.

La estrategia de fichajes de jueces por parte de Podemos no es nueva ni original. Es tan antigua como la propia democracia española. Recordemos que el primer ministro de Justicia del Gobierno de Felipe González fue el juez Fernando Ledesma, que en 1982 era vocal del CGPJ. Un puesto que ocupó cinco años.  

Lo que fichan los partidos políticos es la imagen de honradez, de limpieza, de rectitud, de ley que estos profesionales proyectan hacia la ciudadanía; buscan, en suma, votos. 

La verdad es que jueces en la política española ha habido siempre. Y han ido y han vuelto de un sitio a otro.

Es algo connatural a la naturaleza de juez, por su componente social.

Al fin y al cabo, están todos los días viéndoselas con los problemas que se generan en la sociedad.

LOS  JUECES NO LO VEN

Por eso, los jueces no ven con buenos ojos la idea original de Catalá de prohibir las “puertas giratorias” de plano.

Que el que se vaya, no vuelva a la judicatura jamás.

Así se lo planteó, en modo ‘sondeo telefónico’ a las asociaciones de jueces, el pasado martes, tras conocer el anuncio de que Yllanes se iba de cabeza de cartel con Podemos. 

Catalá escuchó con atención lo que tenían que decir.

“Es verdad que el ciudadano no entiende que un juez vaya a las elecciones bajo las siglas de un partido –como independiente- y que, si no sale, pueda reincorporarse sin más al puesto que había dejado”, admite Manuel Almenar, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). “Sería aconsejable regular de algún modo esa situación, tanto si sale como si no sale. Que haya un plazo prudencial, una ‘cuarentena’ de dos o tres años, en el que no pueda optar a ningún cargo jurisdiccional ni enjuiciar a aforados, si tuviera que hacerlo”.

A Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), la idea de prohibir el regreso a la judicatura le parece desproporcionada.

“No ha sido un problema hasta ahora, hay que decirlo. Lesmes estuvo ocho años con el Gobierno de Aznar y volvió a la jurisdicción después. A nosotros la idea de prohibir el regreso a aquellos que han dado el paso a la política nos parece desproporcionada y provocada por el anuncio de Yllanes de marcharse con Podemos”, cuenta Bosch.

“Hay, sin embargo, mecanismos que pueden aportar claridad, si se quiere, como regular de forma más clara la recusación o la abstención de aquellos que estuvieron en política. Pero, desde mi punto de vista, el hecho de haber estado en la política no afecta a la imparcialidad del juez”, añade el portavoz de JpD.

Marcelino Sexmero, que hasta el pasado sábado era portavoz de la Francisco de Vitoria y que sigue de miembro del Comité Nacional, también fue preguntado por el ministro sobre el asunto.

“Es cierto que el hecho de que el presidente del tribunal que va a juzgar a Urdangarín y a la infanta Cristina se marche con Podemos deja muy mal a la carrera judicial”, admite Sexmero.

“Pero prohibir la vuelta a la judicatura es imposible. Por un hecho: los jueces, como todos los ciudadanos, tenemos derecho al sufragio activo y pasivo. Es algo que no se nos puede negar, de acuerdo con la Constitución”.

Sexmero, sin embargo, coincide con Almenar en la posibilidad de introducir algún tipo de restricción para que el ‘regresado’ no pueda optar a ningún cargo de responsabilidad jurisdiccional ni en Audiencias Provinciales, ni en Tribunales Superiores de Justicia ni en el Tribunal Supremo durante un tiempo.

En el pasado existió una excedencia forzosa de tres años que luego se rebajó a dos años y, finalmente, se suprimió.

“Los jueces tenemos opiniones políticas, como todo el mundo. Opiniones que tenemos que mantener en la intimidad, en nuestro círculo privado”, afirma Conrado Gallardo, presidente de la Junta Gestora de Foro Judicial Independiente. “Y tenemos que tener cuidado de expresarlas en público porque eso afecta a la imagen de la Justicia”.

“Habría que hacer un debate en profundidad sobre este asunto de los jueces en la política. En serio. Y si se decide agravar las incompatibilidades, para hacer más difícil el paso a la política, pediríamos una compensación económica por ello”, agrega Gallardo.

CARGOS TÉCNICOS

No todos los jueces llegan a la política a través de las listas electorales. Ya se sabe, el diablo, que está en los detalles.

Muchos son nombrados como “cargos técnicos” por los ministros de turno, como los mencionados Joaquín Silguero o Ricardo Conde.

O, incluso, Fernando Román, número 2 de Gallardón en el Ministerio de Justicia hasta hace 14 meses, aunque en este caso la etiqueta de “cargo técnico” presenta ciertas dudas evidentes.

Román es, actualmente, el favorito a un puesto de magistrado especialista en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. El que ha dejado libre Manuel Campos Sánchez-Bordona al marcharse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo.

En caso de materializarse el nombramiento, el magistrado podría tener que enjuiciar a aquellos con los que tuvo relación cuando sirvió en el gobierno.

Esto preocupa desde la APM. “No es lo mismo volver a un Juzgado de Primera Instancia que acceder a cargos de importancia desde donde vas a controlar a personas que conocen. Porque eso puede generar sospechas de parcialidad o dudas sobre la credibilidad de la propia institución”, explica Almenar. “Volvemos al concepto de ‘cuarentena’. Pueden ser 2, 3 o más años. Hay que evitar que la ciudadanía pierda la confianza en la Justicia. Por eso entendemos que habría que regularlo de una forma clara”.

Conrado Gallardo opta por la contundencia: “Desde Foro entendemos que el CGPJ tal como está configurado, hoy por hoy, es un órgano político, elegido por los partidos políticos. La consecuencia de los nombramientos es lógica. La única forma de acabar con las dudas que pudieran aflorar en casos como este acabarían en el momento en el que los jueces pudiéramos elegir a nuestros representantes”.

Noticias Relacionadas: