El Parlamento andaluz demanda la derogación de las reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

El Parlamento andaluz demanda la derogación de las reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

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20/11/2015 00:00
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Actualizado: 20/11/2015 00:00
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El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado por mayoría absoluta una proposición no de ley apremiando a la Junta para que exija al Gobierno central la derogación de las reformas realizadas a la Ley de Enjuiciamiento Criminal hasta que no se dote de medios personales y materiales para hacerla realidad.

PSOE-A, Podemos, Ciudadanos y IULV-CA votaron a favor frente al PP-A, que se quedó sólo, en un debate intenso que se celebró la tarde del jueves.  

Siete miembros de la Brigada Tuitera -una gran plataforma reivindicativa formada por abogados, juristas y ciudadanos de toda España-, autores de la proposición no de ley presentada por el PSOE-A, siguieron los acontecimientos con mucha antención desde la tribuna de invitados.

La cámara regional también demandó la constitución de una comisión institucional formada por juristas, jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, abogados, procuradores, catedráticos y moviimientos sociales para que en el plazo de seis meses se presente un texto que reforme la Ley de Enjuicimiento Criminal (LECRIM) y la adecúe a los tiempos actuales para que sea debatida y consensuada por todos los grupos parlamentarios.

Por el PSOE le correspondió la defensa de esta iniciativa a la diputada autonómica, María Jesús Serrano, que afirmó que los justiciables tienen derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas y que la obligación de los poderes públicos es hacer que dichos derechos se cumplan, teniendo una respuesta por parte de la Administración de Justicia en tiempo y forma, sin retrasos de ningún tipo. 

Serrano acusó al Gobierno central de realizar una reforma «parcial» de la LECRIM, sin contar con un amplio consenso parlamentario y sin dotación presupuestaria para poder conseguir que se cumplan los plazos contemplados en la instrucción de los procedimientos penales. 

«Padecemos un proceso penal desestructurado que avanza a un ritmo desesperadamente lento, incompatible con las exigencias de celeridad y eficacia, lo que ocasiona a la postrre una gran insatisfacción entre los ciudadanos, entre los propios afectados por el proceso, incluso entre los propios jueces que se ven muchas veces atrapados en un laberinto del que les resulta difícil salir», declaró.

Ramón Ferreira, diputado del PP-A, contestó que el PSOE-A no tiene «crediiblidad ni pudor» para hablar de este tema y subrayó que la iniciativa en la que hablan de dilaciones indebidas y justicia con garantías se registró el mismo día que la juez que ha investigado los «mayores casos de corrupción», Mercedes Alaya, decía que la Junta le puso «todas las trabas del mundo» en sus peticiones. 

El PP-A calificó de «temeraria, atrevida y llena de demagogia» la proposición no de ley apoyada por la mayoría absoluta de la cámara autonómica. 

Juan Ignacio Moreno Yagüe, de Podemos, explicó que su grupo no presentó enmiendas a esta proposición no de ley porque la que les gustaría no puede tramitarse: «prohibir a los señores del PP de Madrid legislar en materia de justicia». 

En su opinión, con esta reforma se ha seguido la política de George Bush hijo, quien ante una oleada de incendios forestales propuso talar los bosques para que no hubiera más. 

María Bosquet, de Ciudadanos, mostró el apoyo a la iniciativa presentada por el PSOE-A declarando que el PP ha vuelto a legislar «de espaldas» a la sociedad porque en la modificación legislativa se recoge «todo lo contrario» de lo que se pide. 

«En materia de justicia no dan una», apuntó la parlamentaria, que calificó la reforma de la LECRIM como «un apaño y algo chapucero». 

Inmaculada Nieto, de IULV-A, afirmó que la reforma de la ley era necesaria y que había generado una expectativa positiva, pero ha quedado finalmente «en nada» por no tener el calado y el consenso necesario.

Desde su punto de vista, «los retoquitos» de la citada normativa se han realizado teniendo más en cuenta «la presión mediática sobre determinados procesos que afectan a personas concretas que las necesidades de la sociedad en general». AGENCIAS. 

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