En España los asesinatos prescriben a los 20 años. Sin embargo, cuando son asesinatos terroristas no prescriben nunca. Por eso los etarras Itziar Alberdi Uranga y Juan Jesús Narvaez Goñi serán juzgados, a partir del próximo jueves, por la Audiencia Nacional. Se les acusada de matar a dos policías mediante un paquete bomba trampa de los Tedax.
Y por causar heridas a otras diez personas en Madrid el 12 de junio de 1991.
En su escrito provisional de acusación, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita a la Sección Primera de la Sala de lo Penal sendas penas de 296 años de cárcel para los acusados, a los que atribuye dos delitos de asesinato, otros diez en grado de tentativa y uno de estragos terroristas.
Alberdi, que se encuentra en prisión provisional tras ser detenida en 2014 en México, fue absuelta el pasado 13 de noviembre por el Tribunal Supremo de matar a tres artificieros a través de otro paquete bomba enviado al Ministerio de Justicia el 1 de julio de 1991. El alto tribunal anuló una condena de 119 años de cárcel que le había impuesto la Audiencia Nacional
PAQUETES BOMBA
La Fiscalía sostiene que José Luis Urrusolo Sistiaga, ya condenado por estos hechos, dirigía el ‘comando Ekaitz’ de ETA, del que formaban parte los dos acusados. Los tres se propusieron «dar muerte al mayor número posible de policías» mediante la remisión de paquete bombas trampa al presidente de la empresa Construcciones Atocha.
Esta empresa, que dirigía Jesús Gallego y había participado con la mercantil Construcciones Ramos Hidalgo en la construcción de una autopista en el valle de Leizarán (entre Guipúzcoa y Navarra), que la banda terrorista rechazaba, había recibido unos días antes la visita de una persona que decía ser periodista del diario ‘Egin’, que recababa datos sobre directivos de la compañía.
Según el Ministerio Público, Urrusolo Sistiaga confeccionó el artefacto y facilitó la dirección de la empresa situada en Madrid, mientras que Alberdi facilitó la relación de empresas de paquetería ubicadas en Toledo y Narváez se encargó de llevar personalmente la bomba trampa a la delegación toledana de la empresa de mensajería Servitrans.
TRES KILOS DE AMONAL
El «letal» envío, según la Fiscalía, contenía tres kilos de amonal y tenía el nombre de un remitente inexistente. Fue recibido en la delegación madrileña de Servitrans, donde despertó las «sospechas» de los empleados, que llamaron a la Policía.
Un Equipo de Desactivación de Explosivos (EDE) se trasladó al lugar y en el momento en el que los Tedax examinaban el artefacto, este hizo explosión, causando la muerte inmediata de los agentes Andrés Muñoz Pérez y Valentín Martín Sánchez.
En el atentado, resultaron heridos siete policías, dos empleados de Servitrans y otro trabajador de una empresa de cerrajería que se encontraban en la zona, donde el furgón policial quedó destrozado y cuyo valor ascendió a 19 millones de pesetas. EP.
