El PSOE ha publicado su programa electoral donde recoge sus principales propuestas en Justicia, entre ellas, la eliminación de la «ley Mordaza», de la prisión permanente revisable, supresión de las tasas judiciales actuales para pequeñas y medianas empresas o atribuir la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal.
YOLANDA RODRÍGUEZ
En un programa de 274 páginas, sólo seis se dedican al sistema judicial en sí, bajo el epígrafe «Una justicia que proteja nuestros derechos». Un texto que está plagado de «lugares comunes» y donde «no se entra en profundidad» en la mayoría de las propuestas.
Desde el PSOE parten de la base de que «el sistema judicial está en crisis como consecuencia de las deficiencias estructurales, organizativas, procesales y presupuestarias sufridas en los últimos años».
A esto unen el «debilitamiento y desnaturalización del órgano de gobierno del tercer poder del Estado, el CGPJ, tras la última reforma operada por el Gobierno del PP, que desvirtúa y modifica sustancialmente la naturaleza jurídica del órgano que el constituyente diseñó». Por lo que se presentó «un recurso de inconstitucionalidad, pendiente de resolución por el Tribunal Constitucional».
Este recurso se justificó por el cambio el sistema de elección de los miembros del CGPJ, que limita la intervención de las asociaciones judiciales, y porque disminuyó el número de vocales de dedicación exclusiva de veinte a seis (los miembros de la comisión permanente, que absorbe una gran parte de las competencias CGPJ), entre otras medidas. Ahora, con la última reforma que entró en vigor en octubre, el número de miembros con dedicación exclusiva se ha ampliado a 8 (los siete miembros de la Comisión Permanente y el presidente, Carlos Lesmes)
Y por ello, proponen una bateria de medidas para mejorar un modelo al que califican de «desfasado y costoso».
En su «nuevo modelo de Justicia», el PSOE propone, por ejemplo:
– Aprobar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que atribuya la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal y que cree la figura del juez de garantías encargado de velar por el cumplimiento de los principios constitucionales durante todo el proceso así como del estatuto de protección integral de la víctima e instaure la segunda instancia penal.
– Reformar la LOPJ para redefinir la nueva estructura organizativa y territorial del Poder Judicial, revisar el modelo de acceso a la carrera judicial y corregir las funciones del CGPJ al objeto de asegurar que se cumplan las previsiones constitucionales sobre el sistema de nombramiento de sus integrantes, composición, colegialidad y pluralidad.
– Implantar en todo el territorio español un único sistema informático de gestión procesal y definitiva creación de las unidades administrativas.
– Aprobar una nueva Ley de Planta y Demarcación que fije una nueva organización territorial de los partidos judiciales y la especialización de los órganos judiciales.
– Crear un modelo de Justicia de proximidad.
– Crear los tribunales de instancia, que sustituirán a los órganos unipersonales.
Además, en su programa también desglosa otras medidas de cara a defender los derechos y libertades de los ciudadanos y en defensa y protección de los consumidores:
– Eliminar la «ley mordaza» y revisión urgente de las sanciones que esta ley ha agravado y el mecanismo de desjudicialización que ha introducido.
– Derogar de forma inmediata la prisión permanente revisable.
– Recuperar el principio de jurisdicción universal y creación de protocolos para la incorporación de las resoluciones de las cortes internacionales.
– Revisar, en el marco de la tutela al consumidor, el régimen jurídico de obligaciones y contratos.
– Eliminar las cláusulas suelo.
– Fortalecer la formación de judicatura y magistratura en derecho de consumo.
– Suprimir las tasas judiciales actuales para pequeñas y medianas empresas, que quedarán solo para sociedades mercantiles cuyo nivel de facturación supere el millón de euros anual.
– Realizar una reforma del sistema de justicia gratuita fomentando la especialización, dotándola de medios suficientes y adecuados para que toda la ciudadanía, en función de su nivel de renta y capacidad económica, pueda hacer efectivo su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.