La Audiencia Nacional ha decretado el archivo provisional de la causa seguida por la muerte durante la invasión de Irak del cámara José Couso, que se produjo el 8 de abril de 2003 en el hotel Palestina de Bagdad, con la condición de que reabrirá el procedimiento si los tres militares estadounidenses acusados pisan el territorio español.
YOLANDA RODRÍGUEZ
La sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha tomado esta decisión, tras rechazar plantear una cuestión de inconstitucionalidad a la reforma de la ley de justiciauniversal, tal y como planteó el juez Santiago Pedraz cuando acordó el sobreseimiento de este caso, en cumplimiento de la doctrina del Supremo sobre la aplicación de la nueva norma.
Los magistrados -Alfonso Guevara, Ángeles Barreiro y Antonio Díaz Delgado- resuelven los recursos planteados por la familia de Couso y de la Asociación Libre de Abogados (ALA) en los que pedían desestimar el archivo definitivo del caso y plantear cuestión de inconstitucionalidad contra los artículos 23.4, 5 y 6 y la Disposición Transitoria Única de la reformada ley de justicia universal 1/2014.
Además, la Sala recuerda en su auto que el Tribunal Supremo subrayó que los tratados internacionales no marcan la obligación de que los Estados firmantes deban «imperativamente investigar y perseguir, sin limitación alguna, los hechos constitutivos de delitos internacionales».
El alto tribunal advirtió de que la «actividad jurisdiccional expansiva» de la Audiencia Nacional había situado a España como «polo de atracción para procedimientos» en los que los presuntos autores no se encontraban en nuestro territorio.
Los magistrados de la Sala de lo Penal indican que se trata de un tipo de sobreseimiento similar al provisional pues «una vez archivado el procedimiento, si en algún momento posterior se constata que concurren los requisitos para activar la jurisdicción española en el delito enjuiciado, por ejemplo la presencia de los acusados en territorio, el sobreseimiento quedará sin efecto y el procedimiento debe reiniciarse».
El pasado mes de junio el juez Santiago Pedraz cerró el caso alertando de que a pesar de que existen «suficientes indicios racionales» contra tres militares del Ejército de Estados Unidos, este «crimen de guerra» va a quedar «impune».
Desde 2010, Pedraz mantuvo procesados y bajo orden de busca y captura al teniente coronel del Ejército de Estados Unidos Philip de Camp, el capitán Philip Wolford y el sargento Thomas Gibson, a los que acusaba de delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado en concurso con homicidio.