En vez de rectificar, como hicieron con las tasas, el Partido Popular propone generalidades que no especifican nada, remitiéndose a “un acuerdo de todas las fuerzas políticas que garantice la independencia del Consejo General del Poder Judicial”.
CARLOS BERBELL.
“Promoveremos un acuerdo de todas las fuerzas políticas que garantice la independencia del Consejo General del Poder Judicial, reforzando sus labores como gobierno de los jueces y buscando criterios objetivos para la elección de sus miembros”, dice el punto 36 del programa hecho público hoy por el Partido Popular.
Lleva por título “La España que queremos”
El programa, en lo relativo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), es una mera declaración de intenciones que elude el gran error cometido en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), impulsada por el PP en 2013, lo que ha llevado al órgano de gobierno de los jueces a un desprestigio como nunca antes se había conocido.
Lo que se evidencia en el texto presentado es que, ante la incertidumbre de no renovar la mayoría absoluta de la que han dispuesto hasta ahora, han evitado cualquier propuesta de solución cerrada, como la de 2011.
Para facilitar las negociaciones postelectorales.
En las elecciones de 2011 su contrato-programa con los ciudadanos prometió reformar el sistema de elección de los vocales del CGPJ para que, “conforme a la Constitución, doce de sus veinte miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías”.
Hicieron justo lo contrario.
Todos los vocales elegidos por el Parlamento y sin restricciones de ningún tipo. Y la introducción de dos categorias: 5 vocales «de primera» -ahora ampliados a 7- y 15 «de segunda» -ahora 12-.
Consecuencia: un CGPJ en permanente tela de juicio.
Hay que reconocer, sin embargo, que el programa presentado en estas elecciones, en lo referido a Justicia, es más específico que el de 2011. Está más trabajado. Le han dedicado más tiempo y han puesto más interés.
El de 2011 tenía sólo 12 puntos. Éste, de 2015, tiene 39.
Pero no deja de ser una proyeccion de la dirección implementada por Catalá y su equipo hasta ahora.
En el mismo, el partido en el Gobierno promete potenciar la especialización de jueces y magistrados y propone una “Estrategia Nacional de Justicia”, con mucho “diálogo” con todos los actores que conforman la Administración de Justicia y con las diferentes fuerzas políticas.
Un “diálogo” que, en opinión de muchos de esos actores, ha brillado por su ausencia a lo largo de estos cuatro años, en los que se ha producido más un monólogo. Si bien es cierto que el talante del último ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha sido más abierto que el de su antecesor, Alberto Ruiz Gallardón, aunque los resultados han sido los mismos.
Como era de esperar, porque esa ha sido la tónica del último año, el PP apuesta por el uso de las nuevas tecnologías; convertidas en la clave de todo, como se viene haciendo desde 2001.
Son el “nuevo mantra”.
En la tecnología está la solución para modernizar y dar velocidad a la Justicia, sobre la base de una nueva reorganización, con la nueva Oficina Judicial y la Oficina Fiscal como eje de todo.
De dinero, de inversiones, no dicen nada.
UN NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
Prometen también, si ganan, elaborar un nuevo Código Procesal Penal –el sustituto a la Ley de Enjuiciamiento Criminal actual, aprobada en 1882-, porque, es evidente que, en estos pasados cuatro años y con 187 diputados en el Congreso -176 es mayoría absoluta- no les ha debido de dar tiempo.
Y prevén fortalecer la figura del Ministerio Fiscal, “ampliando su papel en el proceso”, sin especificar si le van a dar la instrucción o no.
Aseguran, eso sí, que van a desarrollar fiscalías especializadas para aquellos ámbitos de mayor preocupación social.
Sobre las estrellas de moda –el arbitraje y la mediación-, prometen potenciarlos, empleando un lenguaje muy amplio, pero sin especificar si van a ser incluidos dentro de la ley para que puedan ser eficaces, en vez de depender de la voluntad de las partes.
No olvidan tampoco el Registro Civil, dejado en barbecho hasta el 30 de junio de 2017, por decisión de Catalá. “Continuará siendo público y gratuito”, pero no dicen si permanecerá en la Administración de Justicia, lo que parece indicar que no.
RESTRICCIÓN DE LA ACUSACIÓN POPULAR
El PP describe en el punto 30 de su programa su propuesta sobre a la acción popular -o acusación popular-, a la que describe como “acción colectiva”. Prometen “regularla” –un eufemismo que no puede tener otro sentido que restringirlo- para dar la “posibilidad de que mediante un único proceso, multitud de perjudicados por un mismo hecho puedan ver resarcidos sus derechos”.
La “propuesta” en sí no tiene mucho sentido porque los jueces, hoy en día, ya lo están haciendo.
Cuando hay varias acusaciones populares en un caso pueden ordenar su fusión en una -normalmente la primera que ha presentado la querella- y la imposición, a cada una de fianzas.
No parece necesaria, por lo tanto, ninguna reforma legislativa adicional de esta figura, que nació en la Constitución de 1812 -y que, desde entonces ha permanecido, incluso bajo la dictadura-, máxime cuando su uso ha permitido atacar de frente conocidos casos de corrupción, como el caso Nóos, o los ERE de Andalucía.
El PP también promete “reformas procesales en materia de desahucios”, incrementarán, aseguran, “el control de las cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios” y asegurarán que los clientes conozcan con precisión las obligaciones que asumen y que sus derechos” queden “perfectamente protegidos”.