El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha resaltado ante los economistas la entrada en vigor, el próximo 1 de enero, del «papel cero» en los juzgados y tribunales en la conferencia «La justicia como factor de competitividad económica».
En un acto organizado por el Colegio de Economistas de Madrid y el Consejo General de Economistas, del que dependen una decena de registros profesionales. El ministro ha asegurado que el Decreto por el que se suprime el papel en los juzgados y tribunales a partir del 1 de enero de 2016, no entrará en vigor para los ciudadanos que no estén representados o asistidos por profesionales de la justicia y opten por el uso de los medios electrónicos.
El ministro insitió en su conferencia que gracias a las nuevas teconologías se puede cambiar la cultura de la justicia y de las personas que trabajan en las organizaciones.Y que éstas y otras medidas adoptadas en esta legislatura han hecho que «España hoy transmite confianza, motor de toda actividad emprendedora», en referencia al mercado internacional.
Como muestra de que esa relación entre mejor justicia y competitividad económica da resultados, el ministro recordó que España ha subido 19 puestos en el último año en el ranking mundial ‘Doing Business 2015‘ del Banco Mundial, al mejorar en cuatro de las diez áreas de regulación que valoran la facilidad para hacer negocios en el país, por lo que ya ocupa la posición 33 entre los 189 países incluidos.
También resaltó como ejemplo que el foro económico mundial reconoce que España lidera el ranking mundial de competitividad turística.
“Todo esto es un chequeo de que las reformas consiguen eso, dijo Catalá, aunque añadió que, lejos de una imagen de autosatisfacción y triunfalismo, hay que seguir trabajando, “pero hemos superado la estela de destrucción de 3,5 millones de empleos, gracias al mérito de trabajo colectivo y de haber hecho lo que nos pidieron en 2011 los electores que hiciésemos” .
Ante un centenar de personas entre quienes se encontraban el presidente del Círculo de empresarios, magistrados, portavoz de Unión progresista y una vocal de la CNMC y responsables de los registros profesionales dependientes del Consejo de Economistas, representado por su presidente Valentí Pich, el decano del colegio de Economistas de Madrid, Pascual Fernández presentó a Catalá como un experimentado profesional y profesor que ya empezó en los años noventa con Mariano Rajoy en el Ministerio de Educación y Cristobal Montoro en Hacienda, antes de llegar en 2002 secretario de Estado de Justicia.
En su conferencia, el ministro resaltó como línea argumental que el matrimonio entre seguridad jurídica y económica se ha afianzado los últimos años con reformas abordadas desde el análisis, entre ellas la ley de enjuiciamiento criminal y su reducción de plazos, la reforma del código penal, la actualización de los delitos económicos, la extensión de nuevas tecnologías telemáticas, la ley Orgánica poder judicial, la actualización del baremo de accidentes de tráfico en cuantías y sistemática en colaboración con UNESPA, modernizar el fortalecer tejido constitucional para que puede cumplir función de garante, etc…
“La reforma del código penal ha mejorado la protección de muchos derechos, entre ellos la propiedad intelectual”, añadió a sus ejemplos del “carácter participativo de muchas de esas reformas ya que el sector de justicia es de servicios profesionales. Hemos intentado que todas alcanzaran el máximo consenso, que no sustituye la responsabilidad del gobierno”.
Entre los efectos de esas reformas destacó el traslado del crecimiento económico a empleo, pues hoy de cada dos puestos creados en los países del euro uno es de España, donde hay 32.000 empresas nuevas frente a su desaparición en años anteriores, las reformas de las administraciones públicas han permitido ahorrar 32.000 millones de euros y la reforma de IRPF ya ha devuelto 9.000 millones de euros a los contribuyentes, todo lo cual recupera la credibilidad y seguridad jurídica, un atributo más de la marca España.
[[{«type»:»media»,»view_mode»:»media_large»,»fid»:»35314″,»attributes»:{«alt»:»»,»class»:»media-image»,»height»:»296″,»typeof»:»foaf:Image»,»width»:»480″}}]]
Tras la conferencia, los asistentes plantearon una veintena de preguntas al ministro. Entre las más detacadas:
¿Más Reformas o adaptaciones concursales?. La ley concursal de 2003 quería mantener actividad, pero la crisis desde 2007 se ha llevado todo por delante y hemos tenido que reformar tres
veces la ley concursal. Ahora nos planteamos un texto refundido para aclarar cómo queda, pues no hace falta seguir modificando como lo hemos hecho, al venir de una etapa de apalancamiento que hacía insostenibles muchas empresas.
¿Favorecer la reestructuración de deudas?
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido ante las propuestas de reducción de deuda que el titular del crédito puede pactar nuevas condiciones, pero cuando hablamos de deudas con la Seguridad Social o Hacienda los accionistas somos todos.
¿Vuelta a la segunda oportunidad?
El Gobierno la ha ampliado a las personas fiscas, tras tenerla empresas y emprendedores. Fue aprobada la primavera pasada y ha tenido tiempo de ponerse en marcha la ley de segunda oportunidad. Ha llegado tarde en la legislatura, pero ha creado instrumentos para resolver problemas.
¿Para cuándo juzgados accesibles y economistas peritos?
Tendrían que estar ya disponibles ambas líneas y en el programa electoral presentado el domingo por el PP apuntamos otros 4 ejes de futuro hacia una justicia transparente y responsable.
¿Qué papel para la mediación en la modernización?
La ley de mediación se aprobó en 2012 para sumar posibilidades tras la de arbitraje de 2003 y luego la de jurisdicción voluntaria. Son buenas piezas para promover el cambio cultural y crear cultura de mediación, arbitraje y jurisdicción voluntaria. Ahora se trata de fomentar y promover esos instrumentos ya creados.
¿Para cuándo la independencia de la justicia respecto a la política?
Nada más lejos de la realidad esa imagen que algunos pretenden transponer. Es un flaco favor a la justicia hablar de su politización. También atribuir politización a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces, no del Gobierno ni de los partidos. La justicia la imparten profesionales y España tiene una justicia altamente cualificada, profesional e independiente. Hablar de llamadas a los jueces es desconocer el sector. Sí podemos debatir cómo elegir el órgano de gobierno de los jueces. Pero con hablar de no independencia o de contaminación excesiva es hacer un flaco favor a las instituciones y la democracia.
¿Nueva Ley de suelo estatal?
El urbanismo tiene competencias cruzadas en ello y es difícil encontrar el equilibrio.
¿Errores con las energías renovables?
El Gobierno revisó incentivos porque el sistema era muy costoso comparativamente. Revisamos las tasas de retorno inversor, que eran costosas y pagadas por el consumidor, y porque para empresas la energía es un coste muy elevado. Hoy las tasas de rentabilidad son plenamente homólogas a los países del entorno. Democrática y legítimamente las hemos situado en tasas razonables, por lo que ojalá tengan apoyo de tribunales o de sistemas internacionales.