El pleno del Tribunal Constitucional continuará hoy con la sesión en la que anulará la resolución independentista del Parlament de Cataluña, aprobada el pasado 9 de noviembre.
La resolución definitiva del Tribunal Constitucional se adoptará previsiblemente en la reunión de este miércoles, aunque podría dilatarse hasta el jueves. Pese a todo, será una decisisión de inusual celeridad en el tribunal de garantías, ya que previsiblemente dictará sentencia, o al menos adoptará un fallo, la semana siguiente a recibir las alegaciones del Parlament.
Con esta decisión, la «Resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña, sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015» se declarará inconstitucional y nula.
El Constitucional admitió a trámite el recurso del Ejecutivo central contra la resolución el pasado día 11 de noviembre y dio a las partes diez días hábiles para que formularan sus alegaciones. Éstas llegaron al tribunal de garantías el pasado día 27 de noviembre, cuando se cumplía ese plazo.
El tribunal de garantías incluyó el asunto en el orden del día del pleno que comenzó ayer martes, después de que su presidente, Francisco Pérez de los Cobos, recabara un amplísimo consenso entre los magistrados a favor de la impugnación del Ejecutivo.
Fuentes del alto tribunal aseguran que en las últimas jornadas tanto el presidente como el ponente de la sentencia, Andrés Ollero, la han debatido informalmente con los otros magistrados hasta alcanzar un acuerdo que conducirá a la anulación. Todos los magistrados coinciden en que la declaración rupturista es absolutamente incompatible con la Constitución y en que atenta contra los principios del Estado democrático.
Además, se baraja que los fundamentos de la sentencia incluyan alguna referencia a la obligación de obedecer al Constitucional que tienen las personas afectadas por su fallo.
El tribunal ya suspendió de forma cautelar por unanimidad la resolución independentista adoptada por el Parlament de Cataluña y decidió notificar su decisión de forma personal a 21 cargos catalanes, entre ellos el president de la Generalitat, Artur Mas, y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.
A todos ellos les advirtió de que podrían incurrir en responsabilidades penales si no acataban su decisión, como hasta el momento han hecho.