Jueces para la Democracia (JpD) ha dicho que el ‘papel cero’ en la Justicia a partir del próximo 1 de enero es «un mero anuncio propagandístico» que no podrá materializarse ante la «descoordinación y la insuficiencia de medios técnicos».
En un comunicado, la asociación judicial denuncia que el proceso de modernización de la Administración de Justicia «anunciado a bombo y platillo» por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha estado «marcado por la improvisación, la descoordinación y la precipitación con fines electorales».
Y aseguran que el objetivo denominado “papel cero” era un mero anuncio propagandístico, para intentar paliar a última hora la deficiente gestión en materia de Justicia de esta legislatura.
Y recuerdan «que lo único que va a empezar a practicarse el 1 de enero de 2016 es la presentación de documentos al juzgado de forma telemática. Como no se han creado los instrumentos técnicos para la creación de un expediente electrónico judicial, los citados documentos van a tener que imprimirse en los órganos judiciales tras su entrada en los mismos, con lo cual el papel va a seguir en los juzgados».
Desde Jueces para la Democracia lamentan que «una transformación que podía ser ilusionante en el ámbito judicial, por las perspectivas de mejora del servicio público, se haya vuelto a convertir en una situación de incertidumbre por su uso electoralista, su descoordinación y la insuficiencia de medios técnicos para su implantación».
Y por ello, reclaman «a los responsables ministeriales una mayor responsabilidad en sus actuaciones. Y les recordamos que la administración de justicia merece una gestión más rigurosa, como institución donde se adoptan decisiones especialmente relevantes sobre los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Jueces para la Democracia considera que «este apresuramiento preelectoral» puede provocar disfunciones en los juzgados y tribunales por la falta de herramientas para poner en marcha el proceso de digitalización, así como importantes problemas de armonización entre distintos órganos judiciales.
Y añade que tampoco se han previsto programas de formación suficientes para hacer posible el cambio de sistema, lo cual «provocará problemas de gestión que perjudicarán a la ciudadanía»