Ciudadanos y UPyD son los únicos partidos que, en sus programas electorales, proponen medidas para preservar la independencia del Consejo General del Poder Judicial. PP y PSOE navegan por las generalidades. UP-IU habla de la reforma del sistema de elección del CGPJ, pero no especifica nada. Y Podemos no hace referencia alguna. Éste es el primer artículo de una serie sobre Justicia.
CARLOS BERBELL.
Ciudadanos y UPyD son los únicos dos partidos que afrontan el problema de la independencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) proponiendo medidas claras, concisas y evaluables.
La formación naranja se plantea la supresión del CGPJ y que todas sus competencias las asuma el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo que el Parlamento elija por una mayoría de dos tercios (233 diputados de 350).
«Sólo pueden ser candidatos magistrados con 20 años de ejercicio. Éste será asistido por dos magistrados, como adjuntos, elegidos por la carrera judicial por un periodo de tres años», dice el programa electoral de Ciudadanos. Es decir, que Antonio Hernández Gil, jurista de reconocido prestigio, segundo presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, jamás podría haber asumido esa responsabilidad con las nuevas reglas que propone la formación de Albert Rivera.
Ciudadanos, sin embargo, es consciente de que para ello tiene que contar con el apoyo de los partidos mayoritarios. Por eso, afirman que mientras que no se de ese consenso, apoyan que los 12 vocales jueces o magistrados sean elegidos por la carrera judicial.
Lo que propone, precisamente, UPyD, la formación que lidera Andrés Herzog: «La elección de los doce vocales del Consejo General del Poder Judicial, elegidos entre Jueces y Magistrados, se hará de forma directa en listas abiertas con voto secreto y personal, mayoritariamente por los propios jueces y magistrados».
Esa propuesta, la de que los 12 vocales de origen judicial fueran elegidos por sus compañeros por voto directo y secreto, era la que abanderó el PP en las elecciones de 2011. Y que abandonó después para que siguieran siendo elegidos por el Parlamento -Congreso y Senado-, pero suprimiendo los mecanismos que, hasta entonces habían existido, en los que las asociaciones de jueces podían proponer candidatos con un determinado número de avales. Dando pie a la hiperpolitización, tan criticada en estos momentos.
En esta ocasión, el PP que lidera Mariano Rajoy afirma, en plan genérico: «Promoveremos un acuerdo de todas las fuerzas políticas que garantice la independencia del Consejo General del Poder Judicial, reforzando sus labores como gobierno de los jueces y buscando criterios objetivos para la elección de sus miembros». Lo que se podría entender por, «estamos abiertos a negociar todo, dependiendo de lo que salga en las urnas».
El PSOE de Pedro Sánchez es más escueto en su programa electoral. Su objetivo es «garantizar la independencia del Consejo General del Poder Judicial». Pero no dice cómo ni de qué manera.
La Unidad Popular-Izquierda Unida de Alberto Garzón, por su parte, habla de abrir la justicia a la participación ciudadana, «más allá de las posibilidades de ejercicio de la acción popular o de la institución del Jurado, a la que se refiere el artículo 125 de la Constitución». Igualmente, no dan detalles sobre cómo lo van a hacer. Se limitan a añadir que apoyan la «reforma del sistema de elección del TC, CGPJ y del Fiscal General del Estado». Y nada más.
Podemos, el partido de Pablo Iglesias, por su parte, no dice nada sobre cómo preservarían o protegerían la independencia del órgano de gobierno de los jueces. Un misterio.